La Fiscalía General del Estado atribuye cuatro delitos a Mas, Ortega y Rigau

Madrid

La nota que maneja la Fiscalía General del Estado con su opinión jurídica sobre la consulta del 9-N se resume en la presentación de una querella contra el president, Artur Mas, su número dos, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. El ministerio público aprecia indicios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia grave y obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales.

El documento sostiene que la Generalitat ha desplegado una conducta "incompatible" con la resolución del Tribunal Constitucional modificando el procedimiento a seguir en función de los acontecimientos hasta llegar al llamado "proceso de participación ciudadana" que se desarrolló "con la parafernalia de urnas, mesas y papeletas características de los procesos electorales".

Dice la Fiscalía General del Estado que el gobierno de Artur Mas "en cumplimiento de su designio original de convocar una consulta materialmente refrendaria sobre el destino político de Cataluña, con el único fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces se lo había obstaculizado adoptó una nueva estrategia: impulsar el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso".

Y para ello, presos trabajaron en la fabricación de las papeletas, presentaron el dispositivo para el 9-N, exigieron cuñas gratuitas en medios de comunicación para difundir la convocatoria y "lejos de ser clausurada para dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Constitucional" mantuvieron abierta la página web "en la que se contenía toda la información para votar".

En definitiva, resume el documento, "las personas contra las que se dirige la acción penal han dispuesto fondos públicos para consumar la desobediencia a la suspensión facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta". Una cuantía aun indeterminada pero para la que había un presupuesto de 9 millones de euros solo en publicidad institucional.