La Fiscalía acusa a Mas de desviar el poder para consumar la desobediencia

Barcelona

La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta catalana, Joana Ortega; y la consellera de Educación, Irene Rigau, por la supuesta comisión de los delitos de desobediencia grave, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N. La querella deja abierta la posibilidad a la imputación de otras personas "sin perjuicio de que la imputación pueda extenderse a otras autoridades y cargos públicos".

La Fiscalía señala que la decisión del Constitucional representaba "una orden absoluta, tajante e inequívoca de abstención de todo acto encaminado" a la celebración de esa consulta y acusa a Artur Mas de haberse saltado esta prohibición expresa del alto tribunal pese a que la orden estaba destinada directamente a él como autoridad representativa del Govern. La Fiscalía recuerda que las decisiones del Constitucional “son vinculantes para el Gobierno de la Generalitat precisamente por su carácter de poder público”.

La Fiscalía insiste en que las resoluciones del Constitucional ordenaban la suspensión de todos los actos encaminados a la celebración de la consulta y pretendían evitar su celebración a lo que el Gobierno de Artur Mas respondió sin fundamento legal y mediante un ejercicio desviado de las prerrogativas administrativas hasta consumar el delito.

Los responsables para la Fiscalía de este desafío han sido: primero, Artur Mas, como máximo representante de la Generalitat; segunda, su vicepresidenta Joana Ortega, al "oficializar" el desarrollo de la consulta compareciendo ante los medios para dar los resultados la noche del 9 de noviembre; y tercera, la consellera de Educación, Irene Rigau, por su implicación en la utilización de institutos y colegios como lugares de votación.

La actuación de los tres "confirma la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a Derecho”.

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Nota del fiscal

En la querella, de 30 folios, se relata que el pasado domingo 9 de noviembre se celebró en Cataluña, así como en otras ciudades situadas fuera del territorio nacional, una consulta planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Dicha convocatoria se articuló a través de la página web participa2014.cat que ha servido de órgano institucional de referencia, en el que se animaba a los ciudadanos a participar en la consulta. Esta convocatoria, denominada proceso de participación, había sido suspendida y así se recuerda en el escrito por el Tribunal Constitucional reunido en Pleno el 4 de noviembre.

Conducta contra el derecho

La querella afirma que “el Gobierno de la Generalidad, personado como parte en dicho proceso, y conocedor de sus obligaciones, desplegó sin embargo una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución, pues el proceso prosiguió hasta su consumación del día 9 de noviembre de 2014. En los actos de impulso han participado de manera personal y directa los querellados”.

El fiscal considera que “el Gobierno de la Generalitat (...) con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces se lo había obstaculizado, adoptó una nueva estrategia: la de impulsar el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso, estableciendo una vía de comunicación con la ciudadanía por medio de la página web institucional participa2014.cat”.

Página web

La querella relata diversas actuaciones del Gobierno encaminadas todas ellas a la celebración del mencionado proceso de participación ciudadana, como por ejemplo la existencia de la ya citada página web, mantenida activa en todo momento, así como la elaboración por parte de internos de un Centro Penitenciario de las papeletas de votación, así como la distribución de urnas asignadas a los respectivos centros de votación. Los presos desarrollaron voluntariamente jornadas de doce horas de trabajo tanto el sábado 18 de octubre como el domingo 19 de octubre, urgidos por el Gobierno autonómico. El 30 de octubre el Gobierno exigió, vía correo electrónico, a las emisoras de radio privadas que emiten en Cataluña y a las cadenas privadas de televisión con sede en esa Comunidad que difundieran gratuitamente los anuncios de la campaña informativa de la consulta.

Fondos públicos gastados

La víspera del 9 de noviembre se franqueó el acceso a un número no determinado de Institutos de enseñanza media, Colegios y centros oficiales dependientes de la Generalitat.

La Generalitat de Cataluña ha incurrido igualmente en gasto de fondos públicos al poner a disposición de la realización de la consulta suspendida funcionarios públicos y al cuerpo de los Mossos d´Esquadra.

Igualmente, una empresa de mensajería distribuyó buzón por buzón la propaganda electoral con la que el Gobierno autonómico pretendía animar a los ciudadanos catalanes exhortándoles a pronunciarse “sobre el futuro político de nuestro país” el 9-N.

La cuantificación del dinero público gastado en la preparación y ejecución de la consulta suspendida deberá ser objeto de esclarecimiento en el procedimiento judicial.

Único responsable

El querellado Artur Mas, en el momento de depositar su voto, hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable de la jornada era él mismo y su gobierno. Asimismo, ese día la querellada Joana Ortega compareció en varias ocasiones de manera oficial en su calidad de vicepresidenta del Gobierno para dar cuenta ante los medios de comunicación de los datos de participación y resultados del procesos suspendido.

El conjunto de esas decisiones y actos jurídicos y materiales llevados a cabo por el Gobierno de la Generalidad han producido, a juicio de la Fiscalía, la completa ineficacia de los mandatos de suspensión cautelar contenidos en las providencias dictadas por el TC los días 29 de septiembre y 4 de noviembre de 2014.

Fernández Díaz, de acuerdo con la Fiscalía

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que, personalmente, esta "totalmente de acuerdo" con la decisión de la Fiscalía de querellarse contra el president de la Generalitat, Artur Mas.