Investigan una herencia recibida por uno de los sacerdotes como principal base económica de la red
La Policía Judicial investiga una herencia recibida por uno de los sacerdotes implicados donde podría estar en el origen de una casi de veintena de pisos utilizados por el clan de los Romanones
Granada
Fuentes de la investigación han confirmado a la SER que la consecución de la herencia de una anciana de la localidad de Órgiva, en la Alpujarra granadina, por parte de dos sacerdotes pudo estar en el origen de la fortuna invertida en casi una veintena de inmuebles por los integrantes de la supuesta red. Uno de los beneficiarios del testamento está ahora presuntamente acusado de abusos sexuales y recientemente ha sido suspendido por el arzobispo de Granada de su puesto como juez del Tribunal Eclesiástico. Este cura estaría integrado, por tanto, en el ya conocido como 'clan de los Romanones'.
La modificación del testamento causó en su día un gran malestar en la citada localidad alpujarreña. Aunque la herencia no pasó directamente a los sacerdotes el documento si los nombraba albaceas con plenos poderes de reparto para los fines que estimaran convenientes. La Cadena SER ha tenido acceso al documento de siete páginas firmado por la anciana donante ante un notario de Granada en agosto del año 2002. La mujer murió en el año 2008. Curiosamente de los dos sacerdotes, quien acreditó ante el notario la muerte de la mujer fue el juez eclesiástico ahora suspendido y, por tanto, acusado por el denunciante como uno de los cuatro responsables de los abusos.
La investigación policial, ordenada por la Fiscalía, trata ahora de comprobar si esta herencia fue el origen del generoso colchón económico con el que el grupo de sacerdotes investigado compró sus propiedades (casi una veintena entre pisos, duplex, chalés en Granada y varias localidades de la provincia valorados en unos tres millones de euros) donde se produjeron las supuestas agresiones sexuales, según la denuncia del joven que elevó el caso al Papa y después ratificó ante los tribunales.
La familia de la anciana donante protestó en su día y denunció públicamente que los sacerdotes la habían convencido para controlar la fortuna. Como algunos familiares recibían algunos bienes aunque no el dinero en metálico de las cuentas corrientes (que era de libre disposición para los curas albaceas) el testamento recogió una curiosa clausula: quien acudiera a los tribunales perdía su parte. La familia esperaba recibir más. También los vecinos a los que la anciana había prometido una importante labor social a través de una fundación de la que nunca más se supo. La familia de la anciana donante llegó a denunciar públicamente que los curas beneficiados la apartaron de ella e intentaron evitar incluso su participación en el velatorio.
Años después, aquel escándalo en Órgiva se investiga por si pudiera ser el germen económico del grupo de sacerdotes ahora investigado por supuestos abusos sexuales a menores.
