Tribunales
LA CAJA B DEL PP

El PP de Toledo incrementó el contrato de basuras sin informes preceptivos

A cambio de este contrato, aumentado en 11.4 millones de forma "irregular" por el PP según la IGAE, la empresa Sufi habría pagado una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha

El exalcalde de Toledo José Manuel Molina a su salida de la Audiencia Nacional, donde ha prestado declaración como imputado por la supuesta adjudicación irregular en 2007 de una contrata a una filial de Sacyr. / Kiko Huesca EFE

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a declarar este lunes a políticos del Partido Popular y del PSOE para intentar desvelar las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Sufi en Toledo para gestionar las basuras de la localidad. A cambio de ese contrato, supuestamente, la empresa, filial de Sacyr, pagó una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña autonómica de Cospedal en Castilla La Mancha.

Sin embargo, a pesar de que han comparecido los principales responsables políticos en Toledo, la declaración más reveladora ha sido la del viceinterventor municipal, Francisco Javier Sánchez Rubio, quien ha asistido ante Ruz como testigo.

Sánchez Rubio ha reconocido que el anterior equipo municipal del PP que dirigía José Manuel Molina, nunca le consultó para la aprobación del protocolo "irregular" adoptado cuatro días antes de las elecciones de 2007, que supuso un alza de 11.4 millones para Sufi. Y esa consulta era obligatoria, según el funcionario de Toledo, porque "los expedientes de tramitación en todas las administraciones públicas antes de adoptarse, deben siempre llevar los correspondientes informes preceptivos". "En este caso", ha añadido Sánchez Rubio a la salida de los juzgados, "también el de fiscalización".

Además, el funcionario ha añadido otro dato relevante al juez respecto a la adjudicación del contrato bajo sospecha a Sufi. Sostiene que los técnicos municipales hicieron constar "a la mesa de contratación" que la partida de mano de obra de la oferta de esta empresa "había bajado muy fuertemente". Meses después, el PP tuvo que incrementar el contrato precisamente por los bajos sueldos.

El exalcalde de Toledo niega la mayor

El exalcalde de Toledo del PP, José Manuel Molina, ha comparecido durante una hora como imputado ante el juez Pablo Ruz y ha negado que recibiera indicaciones de Bárcenas o de María Dolores de Cospedal para la aprobación del contrato. Ha afirmado que "nunca" ha adoptado "un acuerdo ilegal" y que en su vida ha "cobrado una comisión".

Molina ha defendido el concurso "con luz y taquígrafos" por el que fue adjudicado el contrato a Sufi, y admite que puede haber conocido a los principales responsables de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique, pero "nunca" habló con ellos del contrato.

Un acuerdo "ilegal" de 11,4 millones "para salvar el Corpus"

El exalcalde de Toledo, como hiciera el exconcejal de Hacienda, Lamberto García Pineda, ha justificado el incremento del contrato, ilegal para la UDEF, la IGAE y el viceinterventor municipal, en que los trabajadores del servicio de basuras hicieron una huelga "de un día" a los pocos días de la festividad del Corpus, lo que produjo "una alarma social". Por ello, según Molina, se le traslada a las partes que se tiene que llegar a un acuerdo "para salvar el Corpus".

García Page: "Me comí el marrón"

Por su parte, el actual alcalde de Toledo, el socialista Emiliano García Page, ha afirmado que se "comió el marrón" aprobado por el Partido Popular.

El primer edil ha aseverado, tal y como también ha afirmado el viceinterventor municipal, que el protocolo suscrito por el PP antes de perder las elecciones por el que incrementaba en 11.4 millones el contrato, "obligaba" al futuro equipo de Gobierno a asumir esas condiciones, o a enfrentarse a una demanda por parte de la empresa con el pago de la correspondiente indemnización.

Page ha expresado que este contrato no es el único bajo sospecha. También existe otro de mantenimiento de viales con la misma firma que fue aprobado "con una baja temeraria".

En su informe, los inspectores de la IGAE detallan que cuatro días antes de las elecciones del 27 de mayo de 2007, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, integrada solo por concejales del PP, aprobó una modificación al alza del precio del contrato de 11.427.579,68 euros para mejorar las condiciones de los trabajadores en los 10 años de contrato y cuatro de posible prórroga. Una mejora que según el informe, no debió ser asumida "únicamente por la administración".

 La IGAE dice que este acuerdo adoptado exclusivamente por el PP cuatro días antes de que el entonces alcalde, José Manuel Molina, perdiera las elecciones, "sería nulo de pleno derecho" porque fue firmado "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos".La IGAE constata que el acuerdo "ilegal" de revisión del contrato al alza de Sufi fue ratificado meses después, el 15 de noviembre de 2007, por el nuevo gobierno socialista en Toledo. El portavoz municipal socialista, Rafael Perezagua, explicó a la SER que tuvieron que admitir el nuevo contrato "por responsabilidad". Romper el acuerdo, según Perezagua, hubiera supuesto que "los trabajadores iban a dejar de cobrar" y "enfrentarse a una demanda" por daños y perjuicios. El portavoz del PSOE recalca que fue el actual ejecutivo de Toledo el que advirtió a Ruz de las supuestas irregularidades en la contratación de la basura.

 
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