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Los inspectores de trabajo progresistas alertan de que el Gobierno se centra en vigilar a parados con prestación

Un informe de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo dice que el “sesgo ideológico” del Ejecutivo hace que se ignore el fraude creciente en las contrataciones a tiempo parcial

La ministra de Trabajo de España, Fátima Báñez, en la III Reunión de Ministros Iberoamericanos de Trabajo (Imagen de archivo) / ()

Crece el malestar entre el cuerpo de élite del ministerio de Empleo, los inspectores de trabajo, por lo que interpretan como una dirección política de sus tareas hacia la vigilancia de parados, mientras se descuidan otras formas más importantes y crecientes de fraude, como la contratación a tiempo parcial que oculta larguísimas jornadas. Lo dice la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo en un informe que se apoya en los datos oficiales para respaldar sus afirmaciones.

Así, con las cifras del Informe anual de la Inspección correspondiente a 2013, la UPIT señala que los más de 500.000 controles de empleo que se hicieron el año pasado sólo han dado con 11.689 casos de personas que compatibilicen prestación y trabajo (una tasa de éxito del 2%). Unas cifras que contrastan con las actuaciones realizadas en materia de tiempo de trabajo: aunque se hicieron muchísimas menos investigaciones (sólo 14.097), se hallaron casos de fraude en el 40% de ellas.

A la luz de estos datos, la UPIT subraya que, pese al énfasis que se pone en controlar a los desempleados, el fraude en este ámbito es mínimo: los casos detectados –destacan- suponen sólo un 0,4% de la media anual de beneficiarios de prestaciones. Tampoco lo recaudado justifica la cantidad de esfuerzos que le dedica la Inspección: “las prestaciones recuperadas en todos los ámbitos sólo suponen como máximo el 2,79% [del total de lo recuperado por la Inspección], quedando constatado una vez más que el fraude principal […] no está en los perceptores de prestaciones”.

Más grave aún, dice la UPIT: este énfasis en la vigilancia a los parados se está realizando “bajo la óptica de la criminalización de los desempleados”, produciendo una “estigmatización de los perceptores de prestaciones”. Por eso, concluyen: “No podemos seguir contemplando cómo se utiliza [la Inspección de Trabajo] para la estigmatización y criminalización de colectivos tan afectados por la crisis como los desempleados o extranjeros, sin que los datos respalden tal tesis”.

Para la UPIT, las cifras muestran hay un “sesgo ideológico” por el que el Gobierno marca el objetivo de controlar a los parados mientras que “desdeña el resto” de formas de fraude, “obviando que el principal fraude al sistema hoy en día se centra sobre todo en la infracotización derivada de los excesos de jornada y en la utilización fraudulenta del contrato a tiempo parcial”.

El informe destaca que este tipo de fraude está aumentando, entre otras cosas, por la reforma laboral de 2012 y la normativa de empleo posterior, que potenció la contratación a tiempo parcial. “A pesar de que el tiempo de trabajo es uno de los problemas que se ha hecho más relevante tras la reforma laboral, incrementándose los contratos a tiempo parcial que enmascaran jornadas completas (incluso en ocasiones 10 o 11 horas de trabajo diario), sólo el 1,13% de las actuaciones se destinan a perseguir este nuevo fraude”.

Por todo ello, el texto de la UPIT pide un cambio en los objetivos que se asignan a la Inspección: “La actuación de la Inspección de Trabajo, en esta situación de precarización de las condiciones de trabajo y vulneración de la regulación laboral, debería haberse centrado en combatir la explotación laboral en todas sus formas, y efectuar actuaciones específicas en materia de contratación a tiempo parcial, excesos de jornada, excesos de horas extraordinarias y verificación del cobro de los salarios debidos”.

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