Todos fueron Fabra

Madrid

"Te vas a enterar, hijo de puta". Corría 1995 y Carlos Fabra, que acababa de tomar el poder con su acceso a la presidencia de la Diputación de Castellón, respondía así al entonces portavoz socialista en la institución provincial, Ximo Puig -hoy candidato a presidir la Generalitat valenciana-, por afearle que incumpliera su promesa respecto a su salario y se adjudicara un millón -de las pesetas de entonces- al mes.

El también presidente provincial del PP, Carlos Fabra, cumplió y dejó cuatro años sin sueldo tanto a Puig como al malogrado portavoz adjunto, Pedro Ramón Segarra. Ambos políticos, a quienes algunos hoy llamarían alegremente "casta", lejos de rectificar, continuaron denunciando las irregularidades, el nepotismo y la actitud despótica de Fabra, quien llegó a mover los hilos para echar de Canal Nou, la desaparecida televisión valenciana, al hermano del propio Puig.

Ya con sus gafas negras pero luciendo entonces bigote del mismo color, arrancó de esta forma Carlos Fabra su gobierno absoluto en la provincia de Castellón. Y no abandonaría esta manera de hacer política durante los 16 años que se mantuvo en la presidencia de la institución. O estabas con él, o eras su enemigo.

 El reinado del "cacique" provinciano

Desconocido fuera de ese territorio, pronto comenzó a tejer una red clientelar desde la diputación que se extendió al ayuntamiento de la capital de la provincia y a los pequeños y medianos consistorios de la circunscripción que lideraba con mano de hierro, cuando no colocando a concejales o alcaldes en la institución que dirigía, a cuenta del erario público. Un control que le permitía asegurarse la victoria en las elecciones.

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"Ni sé a cuánta gente he colocado en estos años". "Aquí, más que yo no manda nadie, ¡mando yo!". No se trataba de una bravuconada. La lista es interminable. Más de 100 asesores llegó a tener en la diputación, e incontables apoyos, conseguidos a fuerza de promesas, de "colocaciones" y de dinero, siempre público, claro, en las principales instituciones. En Hacienda, en la judicatura, en la Cámara de Comercio, en la Confederación de Empresarios de Castellón o en la Subdelegación del Gobierno. Y también en muchos medios de comunicación. Todos le rendían cuentas y también pleitesía. Solo así se entiende el éxito de este jugador empedernido, de este "playboy provinciano", del "cacique" como a él mismo le gustaba definirse, ganado con la sumisión absoluta de los municipios gobernados por el PP y la complicidad de los principales sectores sociales y económicos. Cuando llegaron mal dadas, también le ofrecieron su apoyo incondicional. A pesar de los evidentes signos de corrupción.

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Con el apoyo de Aznar

Una complicidad que también le manifestaron los presidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps, porque necesitaron de sus votos para refrendarse en los congresos autonómicos del partido, y del mismo José María Aznar, quien disfrutaba de los chistes, no en pocas ocasiones zafios, del don de gentes o los espléndidos banquetes ofrecidos por Carlos Fabra cuando ambos veraneaban, pared con pared, en las playas de Oropesa del Mar.

Fue Aznar, junto a su ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, quien avaló la idea de Fabra de construir un aeropuerto para Castellón a finales de aquella década. Y fueron los presidentes autonómicos del Partido Popular quienes respaldaron proyectos megalómanos como un parque temático con los que consiguió ilusionar al electorado. A la hora de la verdad, solo el aeropuerto, convertido en un sonoro fracaso, consiguió materializarse pero aquellos apoyos cerrados a sus elucubraciones imposibles lograron alimentar el mito de un ser poderoso, de un líder indiscutible cuyas propuestas ni siquiera podían ser discutidas.

La SER destapa la supuesta corrupción de Fabra

Y en esas estábamos cuando la Cadena SER informó por primera vez del 'Caso Fabra'. Era el 18 de diciembre de 2003, y el programa 'Hora 25', dirigido entonces por Carlos Llamas, contó en exclusiva que Vicente Vilar, un empresario de un municipio que pocos lograrían situar en el mapa, Artana, se querellaba contra Carlos Fabra acusándole de cobrarle comisiones millonarias a cambio de su intercesión ante los ministerios de Aznar para obtener las licencias de productos fitosanitarios que después ambos comercializaban. También la SER informó del cuestionable patrimonio del mandatario provincial, muy difícil de explicar con su sueldo de presidente de diputación y la justicia inició su camino con actitudes difíciles de explicar como la del primer fiscal del caso, Javier Arias, que obraba más como defensor del imputado al llegar a preguntarle: “¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por una cuestión de tráfico de influencias, máxime estando tan próximas las elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?".

El candidato socialista de aquellas elecciones generales por Castellón era Jordi Sevilla, quien pidió el apoyo de "sus alcaldes" en la provincia contra Fabra. Y este llegó a regañadientes. Más de uno, de pequeños municipios y sin nómina en el consistorio, le recordó que perdería su trabajo si firmaba el manifiesto y los hubo recelosos porque "si vamos contra Fabra tendremos menos rotondas" de acceso a los pueblos. También entre los socialistas, los hubo cómplices por inacción.

El fraude fiscal

La victoria del PSOE en aquellas generales de marzo de 2004 apartó al suave fiscal provincial y provocó la entrada de la Fiscalía Anticorrupción en el proceso, que tuvo un papel clave en el caso al pedir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que investigase las declaraciones de Fabra. El resultado fue demoledor. Todos los ejercicios analizados, hasta donde alcanzaba la mirada de la prescripción, se saldaban con fraude al fisco cuando las declaraciones le salían a devolver. ¿Cómo no habían sido advertidos hasta la fecha? Desde la oposición no fueron pocos quienes apuntaron al delegado provincial de Hacienda, Juan Costa, amigo íntimo de Fabra y padre de dos de sus delfines políticos: El exministro Juan Costa y su hermano Ricardo, todavía diputado autonómico del PP en la Comunidad valenciana e imputado en el Caso Gürtel.

Nueve jueces, tres fiscales

Llegó después el rosario de jueces, hasta nueve, que pasaron por el juzgado de instrucción número 1 de Nules donde recayó la causa, con escaso interés por impulsarla por quienes lo ocuparon hasta que llegó el turno de un juez joven, Jacobo Pin, vástago de una de las familias tradicionales de la derecha de Castellón. Pero Pin demostró pronto que era ante todo juez, y obviando presiones y luchando incluso contra las decisiones inconcebibles de la Audiencia Provincial de Castellón, que por dos veces intentó dar carpetazo a partes fundamentales del caso, motivando incluso la petición de amparo del juez ante el Consejo General del Poder Judicial, logró sacar adelante el proceso y dejarlo preparado para el juicio oral.

"Ciudadano y político ejemplar"

Entre tanto, las manifestaciones de apoyo fueron constantes. Diputados y senadores acompañaban a Fabra en sus declaraciones como imputado ante el juez. Los desplantes cuando no insultos e incluso amenazas a la prensa crítica, que la hubo, se convirtieron en asiduas.

Mientras tanto Francisco Camps, o el hoy presidente autonómico, Alberto Fabra, realizaban muestras constantes de adhesión. Hasta Mariano Rajoy, ya como presidente nacional del Partido Popular, llegó a afirmar aquello de que era un "ciudadano y político ejemplar".

La condena

Al final, en el juicio, no fue posible demostrar los delitos relacionados directamente con la corrupción - el denunciante Vilar se retractó en el juicio para no inculparse -. Ni el tráfico de influencias ni el cohecho pudieron probarse porque es necesario hallar la 'pistola humeante' para obtener una condena por estos hechos en el Código Penal español, más apropiado para perseguir a los "robagallinas" en palabras del presidente de los jueces, Carlos Lesmes, que a los defraudadores y corruptos.

Y ello a pesar de que el tribunal concluyó la existencia de claros indicios del origen ilícito del dinero. La condena, a cuatro años de cárcel confirmada por el Supremo en julio pasado, fue obtenida por aquella investigación tributaria dirigida por un inspector de reconocida valía, Conrado Caviró, y promovida por la Fiscalía Anticorrupción. Cuatro fraudes al fisco cometidos entre 1999 y 2003 por Carlos Fabra, quien ingresó cerca de dos millones de euros en sus cuentas sin que pudiera explicar su origen ni los declarase a Hacienda. Fabra, quien dejó de pagar 700.000 euros al fisco, ha sido obligado además a abonar casi 1.4 millones entre multa e indemnización.

Sin mayor sostén que el de su familia, Carlos Fabra se encamina ahora hacia la cárcel para cumplir condena, después de haber estado imputado los últimos 10 años por graves delitos. La complicidad expresa o silenciosa de dirigentes muy relevantes del PP, de las principales instituciones económicas en Castellón, de determinados medios de comunicación y de amplios sectores sociales en la provincia, tuvieron mucho que ver en que consiguiese aferrarse al cargo. Hoy reniegan de su apoyo. Ayer, todos fueron Fabra.