¿Gran Hermano Policial?

Madrid

La posibilidad de que el ministerio del Interior ordene intervenciones telefónicas o de otro tipo de comunicaciones sin autorización judicial previa -incluida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento- ha copado parte de los corrillos entre periodistas y políticos en la recepción con motivo del Día de la Constitución.

Preguntado al respecto, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que "en modo alguno se trata de convertir en España en un estado policial" y ha defendido la medida asegurando que se trata de una posibilidad excepcionalísima para casos muy puntuales y delitos de extrema gravedad.

Además, Catalá ha indicado que esas intervenciones telefónicas se deberán comunicar al juez en el plazo máximo de 24 horas. El ministro asegura que el anteproyecto ya ha sido sondeado con la judicatura y ha añadido que en cualquier caso en la fase de alegaciones que se abre a partir de ahora se va a someter a consulta detallada con todos los sectores implicados.

Las garantías que pregonaba el ministro no han parecido convencer al líder del PSOE que, en otro corrillo con periodistas a escasos metros, enmarcaba esa medida en la política de recorte de derechos y libertades que está aplicando el PP y la bautizaba como un "Gran Hermano".