El juez Castro decide el destino de la infanta Cristina

Madrid

El juez, José Castro, pone punto y final esta semana a la instrucción por el fraude del Instituto Nóos que ha durado casi cuatro años. Una investigación abierta por el desvío de buena parte de los seis millones de euros públicos que esta entidad sin ánimo de lucro recibió de los gobiernos de Baleares, Valencia y de la candidatura de Madrid 2016. Un dinero que fue a parar a empresas controladas por los presuntos cabecillas de esta trama: Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

El último auto del juez proponía sentar en el banquillo de los acusados a 16 personas, entre ellas, Cristina de Borbón. La Audiencia de Palma resolvió los recursos interpuestos y avaló los indicios que había contra ella por la comisión de dos delitos fiscales en grado de cooperadora necesaria.

Los magistrados, además, incluyeron a cuatro nuevos imputados. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por los contratos de Urdangarin en aquella ciudad; el abogado, Salvador Trinxet, quien habría ayudado a crear la red internacional para sacar fuera de España el dinero que obtenía el Instituto Nóos y Miguel de la Villa Polo junto con Gerardo Corral por las adjudicaciones de la candidatura de Madrid 2016. El fiscal, Pedro Horrach, rebaja la cifra de procesados a catorce. Entre los que se quedan fuera de su lista figuran la Infanta Cristina y Alfonso Grau.

Doctrina Botín

Ambos imputados están en manos ahora de la doctrina Botín que establece que la acusación popular no puede sentar en el banquillo a una persona si no hay acusación del perjudicado por el delito ni de la fiscalía. Esto es exactamente lo que les ocurre a la infanta y a Grau, aunque la

Audiencia de Palma vio algún matiz. Dijeron los magistrados que en el caso que dio a nombre a esta doctrina jurisprudencia acuñada por el Tribunal Supremo, el único responsable era Emilio Botín, mientras que en este caso la fiscalía sí que sostiene la acusación de delito fiscal contra Iñaki Urdangarin y el papel de Cristina de Borbón es solo el de cooperadora necesaria.

Sea como fuere, la última palabra la tendrá el juez Castro que ni siquiera tiene que hacer mención a la doctrina Botín porque siempre puede posponer esta decisión a las cuestiones previas al juicio cuando todos los acusados se hayan sentado en el banquillo. De hecho, el fiscal Horrach ha advertido públicamente de que recurrirá el auto de apertura de juicio oral si el juez interpretara la doctrina Botín.