El presidente de Cantabria, acusado de cohecho, será investigado
Presuntamente, Aguagest habría abonado la estancia del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, en un balneario asturiano
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El presidente de Cantabria, en una imagen de archivo.
Cantabria
La Sala Civil y Penal del Superior de Justicia de Cantabria remite al Supremo la causa por presunto cohecho sobre la estancia del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, en un balneario asturiano en agosto de 2010.
La estancia, como ha reconocido el presidente cántabro, fue abonada por la empresa Aguagest investigada por soborno y tráfico de influencias en Asturias y Galicia.
Un juzgado de Avilés se había inhibido en favor del tribunal cántabro por su condición de aforados. Otro de Lugo lo había hecho en el Supremo. Será finalmente éste último quién investigue lo sucedido y si puede suponer un cohecho o no
Así ocurrió el presunto cohecho
Los hechos ocurrieron en el verano de 2.010 cuando el ahora presidente de Cantabria Ignacio Diego y su actual consejero de Obras Públicas, disfrutaron de una estancia de fin de semana en un balneario de cinco estrellas en Oviedo. El pago fue efectuado por la empresa Aguagest, empresa investigada en juzgados asturianos y gallegos por presuntos sobornos a políticos en relación con concesiones de servicios de agua en diversos municipios.
El presidente regional, que ha reconocido en una comparecencia en el Parlamento cántabro que el pago lo efectuó esta empresa, niega que la reserva fuera efectuada también por Aguagest, cuestión que si afirma un informe policial. Está contradicción ha sido utilizada por los partidos de la oposición, al considerar que había mentido en sede parlamentaria.
Los dos juzgados que investigan los hechos, califican la situación de presunto cohecho. El de Lugo, -dentro de la trama Pokémon-, y el asturiano –la trama del agua- se inhibieron en un caso en el Tribunal Supremo y el en otro en Superior de Justicia de Cantabria por su condición de aforados. El cántabro ha decidido finalmente elevarlo también al Supremo para su investigación.
Tanto el presidente Ignacio Diego como su actual consejero de Obras públicas, Francisco Rodríguez, en 2010 eran diputados del grupo Popular en el Parlamento de Cantabria.
