Aprobado el proyecto de ley de Seguridad Nacional

Madrid

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica de Seguridad Nacional para coordinar la respuesta de las administraciones ante nuevos riesgos y amenazas. Una respuesta que, según deslizan desde el propio equipo de gobierno, "en ningún caso incluye la adopción de medidas que comporten la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública".

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que además ha negado que esta ley esté directamente relacionada con los acontecimientos ocurridos en París.

"El Gobierno presentó en 2012 los informes sobre la necesidad de abordar una nueva estrategia de seguridad nacional. Esta ley establecía una nueva cultura de la seguridad nacional, los organismos debían estar implicados y varias medidas para coordinar mecanismos y servicios. Este proyecto tuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad el 31 de octubre. El concepto de seguridad nacional es hoy mucho más amplio de lo que antes lo era. Hablamos, por ejemplo, de ciberseguridad o determinadas actuaciones como la marítima. No vincule esta ley a los últimos acontecimientos, porque esto ha sido anunciado hace tiempo, lo cual no está peleado con que sea útil para la lucha contra el terrorismo", ha destacado.

Según ha desvelado, la nueva ley persigue potenciar las capacidades del Estado para responder a desafíos y amenazas y define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

Precisamente al hablar de ciberseguridad, la vicepresidenta ha destacado que la libertad de expresión es un derecho, pero que tiene "límites" independientemente del medio donde se trate de ejercer. "La libertad de expresión tiene sus límites, y hay que respetarlos con independencia del medio. Tenemos que ser eficaces para los supuestos de enaltecimiento del terrorismo y otros delitos en las redes sociales. La libertad de expresión existe, el delito de injurias existe y el delito de amenaza existe, con independencia del medio que se utilice", ha destacado.

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También la vicepresidenta ha sido cuestionada por la posibilidad de movilizar recursos privados cuando se haya declarado el estado de 'crisis nacional' por el presidente del Gobierno. Algo que, según ha afirmado Santamaría, no es algo nuevo y es equivalente a realizar "un inventario" de recursos.

"Ante determinadas circunstancias, las administraciones pueden recabar apoyo público y privado. Imagine que se necesitan helicópteros. ¿Qué helicópteros tengo? ¿Qué helicópteros tienes las CCAA y otros estados? Es posible que también tenga que pedir a los helicópteros privados que colaboren. Lo primero que hay que hacer para atender a una catástrofe es saber qué tienes, dónde lo tienes y quién lo tiene. Siempre, si se usa, se hará mediante una indemnización. Necesito saber quién tiene los recursos por si necesito pedírselos", ha destacado.

"Fracaso" de Mas

"El fracaso ya existe. No voy a hablar de límite porque ya lo ha superado". Así de contundente se ha mostrado Sáenz de Santamaría tras ser cuestionada por el adelanto electoral de Artur Mas. Un Mas del que la vicepresidenta ha dicho que "es incapaz de gobernar". "Cuando en cinco años convocas tres elecciones, algo no van bien. Cuando un gobernante permanentemente recurre a este sistema es porque es incapaz de gobernar. Mas intenta ganar tiempo a costa de hacérselo perder a los catalanes", ha añadido.

También ha destacado que si la Generalitat toma decisiones que "excedan sus competencias", estas serán recurridas al Tribunal Constitucional. "Tenemos una Constitución y unos Estatutos de Autonomía y todos estamos obligados por este sistema. Quién no lo cumpla, irá ante el Constitucional", ha sentenciado.