El borrador de los fiscales sobre la Lecrim ve inconstitucional las escuchas sin permiso judicial

Madrid

El órgano asesor del fiscal general tiene que debatir sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno y que pasó hace unos días el primer filtro tras el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial aunque sugería algunas modificaciones evidentes porque varios artículos rozaban la legalidad constitucional.

El documento de trabajo elaborado por la Secretaría Técnica que este martes estudia el Consejo Fiscal también va a ser muy crítico con varios de los artículos de la nueva Lecrim, ya que, por ejemplo, exige directamente que se elimine la autorización al ministro del Interior para que en los asuntos considerados de especial gravedad, pueda intervenir las comunicaciones 24 horas sin permiso judicial. Los fiscales dicen que la ley “guarda silencio respecto al fundamento y justificación de tal ampliación, por lo que entendemos que la misma no se ajusta a la Constitución y que por tanto, debe eliminarse del texto pre legislativo”.

El borrador contiene observaciones contrarias a que se fije un plazo de tiempo límite para la investigación de los casos más complejos, que el texto del Gobierno fija en seis meses ampliables a 18 meses. El dictamen cree perturbador y poco realista fijar plazos para la instrucción de los procesos penales porque puede ser un elemento perturbador para la eficacia del proceso si no va acompañado de otras medidas.

Faltas

Las asociaciones de fiscales que componen parte de este consejo ya se pronunciaron en contra de la nueva ley, al declarar que no están conformes con la regulación de las faltas que, directamente quieren que desaparezcan o con el pago de las multas. El informe sostiene que “ningún sentido tendría una reforma sustantiva (elevar a delito leve las faltas) que no vaya acompañada de la necesaria reforma procesal. Para lograr ese objetivo es necesario exigir el impulso particular expresado a través de la interposición de denuncia como requisito necesario para la persecución”.

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Decomiso

El borrador desvela que “se estima imprescindible una regulación mucho más detallada, congruente y armónica con el sistema que se adopte respecto de la institución del comiso”.

Escuchas sin régimen legal

La colocación y uso de micrófonos de ambiente para la captación de conversaciones privadas de las personas sometidas a investigación, también carece de regulación legal específica en nuestro ordenamiento jurídico lo que, nuevamente, puede llegar a generar problemas de legalidad de las investigaciones policiales.

Agente encubierto

La sugerencia del borrador se orienta para que el legislador “aclare debidamente y, en particular concrete con mayor precisión el marco de actuación del agente encubierto en la red y las condiciones en las que es posible la utilización de una identidad supuesta o nickname de fantasía en la red sin precisar para ello de autorización judicial y/o del Ministerio Fiscal”.

Toma de muestras al delincuente

En cambio, no ve objeciones a que la recogida de muestras biológicas de detenidos por parte de la Policía se realice sin asistencia letrada. El texto admite que ése no es el criterio que ha establecido el Tribunal Supremo -que exige el previo asesoramiento de un abogado al detenido para que la Policía pueda tomarle muestras de ADN-, pero considera que la opción del legislador de suprimir esa garantía es legítima.

Toma de muestras biológicas

El borrador sostiene que “no existe impedimento constitucional en no exigir asistencia letrada para la toma de muestras no invasivas al detenido”.

Aceptación de la pena

El borrador no considera convincente el nuevo proceso por aceptación de decreto firmado por el fiscal porque la innovación propuesta no supone, a su parecer, una aportación relevante y -pronostica- será ineficaz porque no ofrece estímulos al acusado para que acepte la pena”. Este tipo de casos permite acortar la instrucción mediante un pronunciamiento directo de la sentencia si el acusado acepta la pena y la responsabilidad civil propuesta por el fiscal.