Se amplía la imputación al Coronel Jefe de la Guardia Civil de Melilla por las expulsiones ilegales

Esta denuncia se acumula al procedimiento en el que el mismo juez imputó el pasado mes de septiembre al Coronel Jefe de Melilla, Ambrosio Martín, por un posible delito de prevaricación en otros dos saltos a la valla del 18 de junio y el 13 de agosto de 2014.

El Instructor está analizando la legalidad de las órdenes dadas por el oficial de la Guardia Civil a los agentes que fueron desplegados en la frontera los 3 días investigados. Al magistrado, Emilio Lamo de Espinosa, le queda claro después de tomar declaración el pasado mes de octubre al Coronel, que éste conoce perfectamente la legislación y que por tanto estaba en condiciones de saber que lo que hacía era ilegal.

La querella que el juez ha decidido admitir a trámite e incorporarla al procedimiento, fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Sos Racismo y Andalucía Acoge. En ella, se hace referencia a los hechos ocurridos en el intento de 300 personas de entrar en Melilla a través de la valla el pasado 15 de octubre. Aquel día la ONG Prodein difundió un nuevo vídeo, en el que muestra como un inmigrante , Dani, un joven camerunés de 23 años, es obligado a descender por la escalera instalada por la Guardia Civil, es golpeado en varias ocasiones y acaba inconsciente en el suelo. Tras los intentos por reanimarle, los agentes cargan con él, abren una de las puertas del vallado y lo entregan a Marruecos.

La Delegación del Gobierno en Melilla aseguraba tras la difusión del vídeo de Prodein que "la Guardia Civil cumple escrupulosamente la ley y en ningún caso incurre en 'devoluciones en caliente'. En una nota de prensa afirmaban que lo que habían realizado los agentes es un "acto legal de rechazo en frontera" y añade que "no le cabe duda de que los agentes actuaron con proporcionalidad, congruencia y oportunidad". Sin embargo el juez que investiga los hechos considera todo lo contrario.

Para el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, en ningún caso se trata de un acto legal de rechazo en frontera, de hecho, incorpora al sumario el vídeo que aportan las ONG y señala que “en dichas grabaciones, se exponen una serie de conductas que, de haberse producido en la forma y manera que se relatan y visualizan, podrían ser constitutivos de diversas infracciones penales, pues podrían significar conductas abusivas y lesivas de diversos bienes jurídicamente protegidos, por parte de las personas responsables”, afirma literalmente en el auto de 12 páginas al que ha tenido acceso la Cadena Ser.

Así de manera contundente, el magistrado señala que de las actuaciones que obran en los autos “se deriva que los hechos, sin perjuicio de ulterior y más depurada calificación, entienden que se han podido cometer los delitos de lesiones, trato degradante, coacciones, contra los derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de un delito, prevaricación y omisión del deber de socorro” advierte.

Así, el juez dispone que la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla identifique a los agentes que estuvieron en la valla el 15 de octubre del año pasado, con ocasión del salto que aparece en las imágenes, y en particular exige “que se aporte la identificación de los agentes que aparecen en el vídeo aportado junto a la querella y realizan la intervención sobre la persona del ciudadano extranjero que desciende por la escalera”.

Además , Lamo de Espinosa, pide a la Comandancia del Instituto Armado que aporte las grabaciones completas de las cámaras de seguridad ubicadas en la frontera y llama como testigos a dos fotoperiodistas, coautores de las imágenes que después fueron difundidas por Prodein.

El juez desestima el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado

Ya el pasado mes de noviembre, tanto la Abogacía del Estado como el Fiscal pidieron el sobreseimiento de esta causa pero el juez, en un auto del 17 de noviembre, al que ha tenido acceso la Ser, desestimó el sobreseimiento y consideró que el Coronel Jefe había incumplido la normativa vigente al entregar a los extranjeros a la policía marroquí de fronteras “sin seguir procedimiento alguno”.

El juez dice que en las grabaciones de los saltos, del 18 de junio y el 13 de agosto de 2014 ,se aprecia que ( página 19 del auto) “Los inmigrantes no fueron asistidos de letrado o intérprete, no se les leyó sus derechos como detenidos, pese a que en las imágenes se observa que varias de estas personas son engrilletadas y trasladadas inmediatamente por las diversas puertas del vallado al país vecino y tampoco se procedió a trasladarlos a las dependencias de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para su identificación ".

El juez entiende que existen elementos que suponen un principio de prueba de que la persona imputada pudo actuar de manera arbitraria, “los hechos expuestos y los indicios que de ella se derivan, llevan a este instructor a entender que existen elementos que suponen un principio de prueba de que la persona imputada pudo actuar de manera arbitraria en las órdenes que dio los días investigados, ya que él es plenamente conocedor de la normativa vigente en materia de vigilancia de fronteras y extranjería{…}Por otro lado, en su declaración como imputado probó que es ampliamente conocedor de la legislación vigente, por lo que las órdenes que dio relativas a la entrega inmediata de personas por las puertas ubicadas en las vallas sin seguir procedimiento alguno, no encuentran justificación en la normativa que él mismo invoca en su orden de servicio” según se recoge en el auto.

Tanto la Fiscalía como la defensa del imputado pedían el sobreseimiento porque consideraban que el Coronel “no tenía conciencia de actuar al margen de la ley, ya que desde hace más de nueve años se acometía el mismo proceder “. Una tesis que el juez desmonta en un auto de 26 páginas , plagado de descripciones jurídicas de términos como devolución, rechazo en frontera, el Acuerdo de readmisión de inmigrantes con Marruecos y otros aspectos jurídicos para demostrar que las actuaciones llevadas a cabo por los agentes de la Guardia Civil por órdenes del Coronel no tienen ninguna base legal, “tanto de la declaración del imputado como de su propia Orden de Servicio, en la que enumera de manera clara y precisa la legislación vigente en la materia, se desprende que el mismo es plenamente conocedor de los procedimientos administrativos de devolución, readmisión, prohibición de entrada, rechazo en frontera y control de fronteras exteriores, sin que en ninguno de ellos se contemple la posibilidad de devoluciones expeditivas, sin acomodo a garantía procedimental de ningún tipo”.

Y no sólo esto, el Instructor añade que nadie puede decidir si se aplica o no una ley “como aspecto relevante de este procedimiento, no puede pasarse por alto que son las propias leyes las que en su articulado contemplan su ámbito de aplicación, supuestos que contemplan y personas que se ven afectadas por ellas, sin que exista la posibilidad de que persona alguna pueda decidir si se aplican o no tales leyes, ya que la función de dictar leyes sólo corresponde al Poder Legislativo”.

El juez instructor llega a la conclusión de que los hechos que justificaron la imputación del Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, “han quedado reforzados tras la práctica de las diligencias de investigación y muy singularmente de la declaración que él mismo prestó en este juzgado”. Así en este auto de noviembre mantenía la imputación. No obstante, ha sido recurrido por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.