Denuncian la discriminación de una juez para presidir el Tribunal Superior de Murcia

Madrid

Siete de los veinte vocales del Poder judicial, en un escrito que formula la vocal Clara Martínez de Careaga, presidenta de la comisión de igualdad, están indignados porque no se ha elegido para presidir el tribunal superior de Murcia al mejor preparado sino a quien ha prometido sumisión a los criterios de Madrid.

En este nombramiento, dicen, se ha “marginado injustificadamente a una de las Magistradas con mayor prestigio, autoridad moral, capacidad jurídica y antigüedad de la Carrera Judicial, frente a un candidato, de muy inferior antigüedad y nula experiencia en órganos colegiados”.

Los datos son muy evidentes: 23 años de experiencia en órganos colegiados frente a cero. La antigüedad en la carrera judicial también es profunda: ella es el número 280 del escalafón mientras el magistrado ocupa el puesto 1440. La diferencia de antigüedad es de once años, de 1.160 puestos.

El voto discrepante sostiene que el nombramiento “no respetaba los principios de mérito y capacidad, e incumplía los requisitos anunciados en la convocatoria”.

El voto discrepante que acusa al Consejo de la discriminacion de una magistrada no va a ser tenido en cuenta por que ha sido presentado fuera de plazo, según ha denunciado el grupo de siete vocales que suscribe la discrepancia.

Los vocales dicen que se trata de un acto de censura. Y Además de una desconsideración a mas del cincuenta por ciento de la carrera judicial, integrada por mujeres, a las que no solo se discrimina en los nombramientos, sino que se deja sin voz, sofocando con razones burocráticas y reglamentistas la legítima expresión de protesta de la Comisión de Igualdad, cuyos integrantes, en su totalidad, suscribieron el voto particular.

Una entre diecisiete

Las mujeres ya no constituyen una minoría en el ámbito jurisdiccional, sino por el contrario, son mayoritarias. Sin embargo su acceso a los puestos de relevancia, que dependen de los nombramientos discrecionales realizados por el Consejo del Poder Judicial, sigue siendo desproporcionadamente bajo. Baste decir que de los quince presidentes de tribunales superiores solo una es mujer.

23 años de experiencia frente a cero

La experiencia en órganos colegiados es infinitamente superior a la del Magistrado nombrado. La de María Pilar Alonso es superior a 23 años (desde 1991 hasta la actualidad) la del Magistrado nombrado es exactamente cero.

Antigüedad contundente

La candidata es una de las Magistradas más antiguas de la carrera judicial, ostenta el número 280 del escalafón mientras el magistrado nombrado, ocupa el puesto 1440. La diferencia de antigüedad es de 1.160 puestos.

Discrecionalidad sin límites

“Es claro que el Consejo dispone de una cierta discrecionalidad para este tipo de nombramientos”, dice el voto particular, “y no se encuentra condicionado por la antigüedad”. Sin embargo, dicha discrecionalidad tiene sus límites y “saltarse una diferencia de antigüedad tan notoria y acusada, bordea la arbitrariedad, e incurre en discriminación”.

Número de sentencias.

La Magistrada ha sido ponente de 34 sentencias en materia civil y 17 en materia penal, mientras el magistrado designado, aportó cinco sentencias dictadas en procedimientos por delitos menores.

Los aspirantes dijeron

El escrito relata que “los candidatos a ocupar el cargo presentaron un programa tan diferente que mientras ella proponía una serie de iniciativas en el ámbito jurisdiccional, ámbito gubernativo, mediación, medios materiales a servicio de la administración de justicia, el magistrado nombrado presentó un plan de actuación partiendo de la base de una necesaria alineación de los órganos de la base del gobierno judicial con las políticas y directrices emanadas de su cúspide”.

Según el voto particular “la motivación del nombramiento prescinde de los datos objetivos anteriormente reseñados, exigidos en la convocatoria, y hace especial hincapié en el proyecto de actuación presentado y defendido en la comparecencia”.

Discrimacion por sexo

El reproche de los siete vocales incluye, además, una mención a ante “un caso manifiesto de discriminación por razón de sexo”. Hasta ahora se justificaba, dice el escrito, “la escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en la carrera judicial (solo una Presidenta en 15 Tribunales Superiores) por el hecho de que no existían mujeres con antigüedad suficiente”. “Cuando las mujeres comenzamos a alcanzar esa antigüedad, como sucede con Pilar Alonso Saura, que lleva más de treinta años en la carrera judicial, entonces se decide nombrar a magistrados varones, que se encuentran más de mil puestos por debajo en el escalafón”.

Sumisión al poder

“Si la justificación es que el solicitante ha dejado claro en su comparecencia “la necesidad de alineación de los órganos de base de gobierno del Poder Judicial con la políticas y directrices emanadas desde su cúspide”, entonces la preocupación se incrementa, pues parece que la explicitación de la sumisión se impone sobre el mérito y la capacidad, lo que tratándose de órganos jurisdiccionales donde el principal valor constitucional es la independencia, no nos parece que sea lo más conveniente”.

Cambio en la ley

El gobierno modificó el viernes pasado el art 610 de la ley Orgánica del Poder judicial , aprobada por el PP en 2013, de tal forma que la comisión de igualdad del órgano de Gobierno de los jueces podrá estar presidida por un hombre cuando antes se exigía que fuera una mujer. Este cambio, según fuentes jurídicas, supone un paso más “en las dificultades” que se ponen a las mujeres para el acceso a puestos de responsabilidad.

Antes la ley decía que el Pleno del CGPJ elegirá anualmente, de entre sus vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad y añadía en su apartado segundo que la Comisión de Igualdad estará integrada por tres vocales, y será presidida por la vocal con mayor antigüedad en el ejercicio de su profesión jurídica".

El nuevo proyecto aprobado en el Consejo de Ministros del viernes pasado lo articula en un solo punto: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad y designará, entre ellos, a su Presidente.