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OBSERVATORIO DE LA CADENA SER

Podemos sigue en cabeza y Ciudadanos asciende con fuerza

El ObSERvatorio dibuja un escenario electoral en el que cuatro fuerzas se reparten el voto

Evolución de la estimación de voto de este año, según datos del ObSERvatorio /

Podemos sigue siendo el partido más votado en el ObSERvatorio del mes de marzo, pero retrocede más de cuatro puntos con respecto a los datos de enero. Un 23,4% de los electores se decanta por la formación de Pablo Iglesias. Le sigue el Partido Popular, que con 22 puntos porcentuales retrocede 2,6 desde enero. El PSOE permanece estancado como tercera fuerza con un 19% y Ciudadanos sigue ascendiendo con fuerza para situarse en casi un 19%.

El ObSERvatorio de marzo dibuja un escenario electoral en el que cuatro fuerzas compiten casi en igualdad de condiciones. En un panorama de incertidumbre en el que nada parece haber cristalizado aún, lo que queda claro es el fin del bipartidismo. Podemos, PP, PSOE y Ciudadanos se mueven cerca del entorno de los veinte puntos porcentuales. Izquierda Unida, con un 2,9%, y UPyD, con un 2,3, siguen sufriendo un serio descenso.

Podemos se alimenta fundamentalmente, como ya se ha comprobado en entregas anteriores del ObSERvatorio, de antiguos votantes del PSOE –hasta un 28,6%- y de los llamados “huérfanos políticos”, aquellos que votaron en blanco, en nulo o se abstuvieron, que suponen un 24,2% de sus apoyos. Casi un 20% serían antiguos votantes de Izquierda Unida.

La fuerza de Albert Rivera recoge sobre todo sus apoyos de votantes desencantados del PP. Más de un 40% de los que aseguran que hoy votarían a Ciudadanos eligieron al PP en las elecciones de 2011. Pero también arrastra apoyos de otros caladeros. Casi un 15% de los que ahora les votarían proceden de las filas de UPyD, más de un 13% surgirían de los antiguos votantes del PSOE y un 21% serían huérfanos políticos que en esta ocasión anuncian su intención de votar por Albert Rivera.

Tanto el PP como el PSOE sufren un porcentaje similar de deserción entre sus votantes. Los dos grandes partidos protagonistas del bipartidismo de las últimas décadas apenas logran retener un 30% de aquellos que en su día les escogieron como primera opción política.

Subidas de impuestos y riqueza

Desde los partidos de izquierda se proponen subidas que permitan políticas más redistributivas. La respuesta es muy clara: un 65% de los encuestados creen que ya pagan demasiado y que su reacción sería de enfado ante una hipotética subida.

Y otro 19% dice que su situación personal no les permitiría pagar más. Apenas un 9% aceptaría una mayor presión fiscal si eso ayudara a las personas que están en peor situación. Los más contrarios a una posible subida serían los votantes de Ciudadanos, con un 71,3%. Les seguirían los del PP con un 68,8%. Y luego, curiosamente, los de Podemos, con un 68,3%. Los potenciales votantes del PSOE se oponen a la subida con un 64,9%.

Sin embargo, la práctica totalidad de los encuestados tiene claro que en España la riqueza está distribuida de un modo muy desigual. Casi un 64% considera que hay mucha desigualdad en nuestro país. Sumados al 30% que cree que hay bastante desigualdad en España, dejan claro que la práctica totalidad de los encuestados comparte esta percepción pesimista.

Son los votantes potenciales de Podemos los que perciben de un modo más drástico esta situación de desigualdad: hasta un 84% de ellos ven mucha. Y los que menos comparten esta percepción son los votantes del PP, con un 38%, y los de Ciudadanos, con un 46%. Sin embargo, al preguntar quiénes son, según ellos, los partidos que más hacen por combatir esa desigualdad, el orden es sorprendente: Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y UPyD. Y a mucha distancia, en el furgón de cola, PSOE y PP.

Blindar derechos sociales en la Constitución

El ObSERvatorio pregunta a los ciudadanos si creen que debería incluirse en la Constitución unos mínimos de protección social. Y la respuesta es también contundente. La mayoría de los encuestados se muestra a favor: así lo hace el 71,2%. Un 17,1% cree que la Constitución no puede entrar a regular que política social se debe hacer, ni cuales deben ser los servicios sociales mínimos, y que debe ser el Parlamento elegido por los ciudadanos el que debe decidir en cada momento las políticas de gasto que crea más adecuadas.

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