Tribunales
CASO TARJETAS BLACK DE CAJA MADRID

Un exconsejero afirma que UGT usaba las 'black' para pagar gastos sindicales

El exmiembro de la comisión de control de Caja Madrid a propuesta de UGT reconoce al juez Andreu que una parte de sus gastos servían para financiar "servicios sindicales" y que era conocido y aprobado por la Ejecutiva Confederal de UGT

Así eran las tarjetas que utilizaban los directivos de Caja Madrid / CADENA SER

Madrid

Rafael Eduardo Torres, miembro de la comisión de control de Caja Madrid a propuesta de UGT entre 2001 y 2006 ha reconocido al juez que parte de los 79.000 euros que gastó con su tarjeta opaca los destinó a la financiación del sindicato y que esto estaba regulado y era conocido por la dirección de la Unión General de Trabajadores. Sus gastos sindicales fueron 29.000 euros en papelería e imprenta, octavillas y folletines de UGT, y más en comidas y viajes con compañeros del sindicato por toda España. Casi todos los que han declarado este jueves han dicho que podían gastar con las black en lo que quisieran, salvo una excepción: "los gastos eróticos", según ha dicho el exconsejero a propuesta del PSOE, José Acosta.

Rafael Eduardo Torres, nombrado por el sector general de empleados de la caja de UGT, fue uno de los exconsejeros que siguió utilizando el plástico opaco unos meses después de cesar en el cargo. De hecho, ha afirmado que le dijeron que "podía continuar usándola mientras funcionase" y, dicho y hecho, ha admitido que dejó de realizar compras con ella cuando en una ocasión quiso pagar un concepto y comprobó que ya no funcionaba.

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Además de los gastos "derivados de la actividad sindical" con la tarjeta de Caja Madrid, también la utilizó para "otro tipo de gastos de representación amplios" como viajes, alojamientos, comidas, libros y "algún tipo de vestuario".

El sindicalista ha declarado que no disfrutaba de las dietas por su asistencia a las reuniones de la comisión de control porque eran ingresadas en la cuenta de UGT. Un aspecto este último habitual en formaciones políticas y sindicales, que suelen aplicar esta medida a las personas que están en los consejos de sociedades por su designación.

Excepto Rafael Eduardo Torres, todos los exconsejeros que han comparecido este jueves como imputados, hasta un total de 13, han asegurado que las tarjetas eran de libre disposición y podían gastar en ellas lo que quisieran, siempre dentro del límite de 25.000 euros anuales fijado por Miguel Blesa en su caso. Además, la caja les impedía que presentaran resguardos.

El consejero a propuesta del PSOE, José Acosta, ha limitado la capacidad del gasto con la tarjeta opaca. Ha contestado al juez que todo era posible excepto "los gastos eróticos". Por su parte, Cándido Cerón, representante de la Comunidad de Madrid, ha negado gran parte de sus gastos con el argumento de que le "clonaron" la tarjeta y los habría hecho una tercera persona, pero no ha presentado documentación que justifique esta circunstancia.

También ha declarado Beltrán Gutiérrez, a quien Esperanza Aguirre mantiene como empleado del PP en Madrid a pesar de su imputación. De profesión economista, ha sido reprendido por el juez quien le ha preguntado en todo severo si no sabía que era el obligado tributario y debía declarar los gastos de estas tarjetas. Gutiérrez ha contestado que "quién iba a pensar" que Caja Madrid no declaraba esos gastos; El exconsejero pensaba que la caja era "una entidad seria".

La Federación de Servicios de UGT dice que devolverá el dinero si hubo ilegalidad

En un comunicado emitido en la tarde del jueves, la Federación de Servicios de UGT, de la que depende Rafael Torres, ha recordado que ya el pasado 6 de octubre ya se admitió en rueda de prensa que su representante entre 2003 y 2007 en la Comisión de Control del sindicato había hecho gastos con la tarjeta. El sindicato defiende que “la mayoría de esos gastos […] correspondieron a la actividad de representación de los trabajadores y de los representantes sindicales de los órganos unitarios de Caja Madrid”. Por ello, en su momento, decidieron no expedientarle, al constatarse que no había hecho un uso personal de ese medio de pago ni había sacado efectivo en los cajeros. No obstante, la Federación añade que “si el Magistrado entiende que Rafael Torres hubiera cometido alguna ilegalidad, la organización devolverá el dinero que el juez Fernando Andreu estime necesario”.

 
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