El Supremo condena a los autores del asalto al Parlament de Cataluña a 3 años de prisión
La Audiencia Nacional ve revocado su fallo absolutorio sobre 8 acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado. El Alto Tribunal señala que los condenados impidieron el normal desarrollo de las funciones representativas que tienen los diputados
Felip Puig abandona el Parlament en helicóptero tras el "asalto".(EFE)
Madrid
Vuelco judicial a un asunto que ha enrarecido la vida social y política en Cataluña. El recurso de casación que ha confirmado la Sala de Lo Penal anula el fallo de la Audiencia Nacional al entender que el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión no están por encima del derecho a la participación política en las instituciones.
Los magistrados analizan como el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional.
Intentar "paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático".
El Supremo considera que las conductas ahora sancionadas encajan en el delito contra las altas instituciones del Estado ya que los acusados contribuyeron con su acción a reforzar la violencia e intimidación sufrida por los diputados autonómicos, lo que les impidió el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas.
El Alto Tribunal entiende que esos actos de protesta frente a la sede del Parlament de Cataluña suponían llevar adelante el lema de la manifestación, encaminada intentar paralizar la actividad de ese órgano legislativo.
La sentencia incluye el voto particular del magistrado Perfecto Andrés, favorable a mantener la sentencia de instancia. Al ser este magistrado el ponente inicial y quedarse en minoría la ponencia se cambió correspondiendo al presidente, Manuel Marchena.
Con la confirmación de 3 años de cárcel por ese delito contra las altas instituciones del Estado, los 8 condenados deberán ingresar en prisión.
