Ruz procesa a 11 mandos militares y altos cargos marroquíes por genocidio en los crímenes del Sáhara

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha propuesto que se juzgue a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos a los que imputa, entre otros, un delito de genocidio por los crímenes que se cometieron contra refugiados del frente Polisario y población civil del Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1991.

El juez procesa a quienes dieron las órdenes y a los presuntos autores materiales de los asesinatos, las torturas y las desapariciones y ordena contra siete de ellos la busca y captura internacional y su ingreso en prisión. En conjunto, el juez llega a contabilizar 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero de los detenidos, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.

La fiscal y el juez van de la mano y consideran fundamental el descubrimiento en 2013 de una fosa común en Amgala, en la que han aparecido los cadáveres de ocho ciudadanos españoles que han sido plenamente identificados y, lo que es más relevante para la investiogación, la existencia de un testigo presencial de estos crímenes que ya ha declarado ante el juez con datos que "incriminan" a los procesados.

Entre los procesados se encuentran el gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún, Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real, Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acuerda la "busca, detención e ingreso en prisión".

Además, Ruz procesa al coronel Lamarti y a los presuntos "responsables de genocidio" Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el magistrado solicita a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean para su "correcta identificación y filiación". Al mismo tiempo, rechaza procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas y en un caso por prescripción de los delitos que se le atribuían.

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Amputaciones a un recién nacido

Entre los hechos que describe el juez se encuentran todo tipo de fórmulas de tortura a los prisioneros así como la descripción de las ejecuciones y desapariciones forzadas de muchos jóvenes del Frente Polisario.

Uno de los relatos más estremecedores es el de una testigo que describe como a una de las jóvenes detenidas, que dio a luz en la cárcel, “le arrebataron el niño , le cortaron los dedos y se los trajeron después a la madre entre la comida”. En otra celda de al lado, a otro prisionero de mayor de 70 años, le envolvieron en unas mantas , lo rociaron con gasolina y lo quemaron”.