El juzgado de Melilla quiere conocer si la reforma de la ley influirá en las imputaciones de los guardias civiles

Madrid

En el auto del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa pide a las partes, Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y acusaciones populares personadas, que se pronuncien en un plazo de 48 horas sobre la relevancia que la reciente reforma de la ley de extranjería podría tener en el procedimiento. Lamo de Espinosa solicita que se pronuncien “a fin de que puedan alegar todo lo que tengan por conveniente acerca de la relevancia que para esta instrucción pueda tener la entrada en vigor de la disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en particular acerca de la inclusión de la figura del rechazo en frontera con la obligación de respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.

El auto, que adelanta la SER, fue notificado hace sólo 5 días, el pasado 9 de abril.

“La única relevancia es que se demuestra que hasta ahora todo se estaba haciendo de manera ilegal y por eso reforman la ley de extranjería. El delito de prevaricación no es una norma penal en blanco, ni con la reforma es una norma administrativa que pudiera ser más favorable al teniente coronel imputado precisamente por prevaricación. Es decir, no puede ser de aplicación retroactiva, así lo ha dicho nuestro Tribunal Supremo y por lo tanto no puede pretenderse que una nueva norma administrativa se aplique con efecto retroactivo porque el delito de prevaricación existía, existe y existirá”. Así señala aJosé Luis Rodríguez Candela, abogado de Andalucía Acoge, una de las ONG que ejerce la acusación popular en la investigación que mantiene abierta el juez Lamo de Espinosa sobre tres episodios de expulsiones sumarias de inmigrantes cometidos los días 18 de junio, 13 de agosto y 15 de octubre de 2014. Todas las devoluciones fueron denunciadas con soporte gráfico, a través de los vídeos que ha presentado como prueba la ONG Prodein.

A las partes les ha causado sorpresa que para un tema tan complejo el juez les pida una interpretación exprés. “Un plazo de sólo 48 horas para responder en un tema tan complejo jurídicamente no parece lo más razonable”, opinan otros letrados de la acusación popular, entre ellos, Andalucía Acoge, SOS Racismo, Asociación Pro Derechos Humanos, Prodein y la Asociación Coordinadora de Barrios.

El juez pide identificar a más agentes que podrían sumarse a la lista de imputados

Entre las nuevas diligencias que solicita Lamo de Espinosa en este auto destacan la petición a la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla para que identifique “a los guardias civiles que en el vídeo del salto completo aportado por la Guardia Civil, aparecen en el lado derecho de la escalera por la que desciende el inmigrante conocido como Dany y proceden a golpearlo”, especifica en referencia al salto del 13 de octubre del año pasado en el que PRODEIN documentó en vídeo los golpes y la expulsión de este joven camerunés. Y además se pide identificar a otro agente encaramado a la valla y que también está golpeando con la porra a otro inmigrante. Por este episodio ya están imputados ocho guardias civiles.

"Nosotros hemos pedido identificar a todos esos guardias que aparecían en torno a Dani y encaramados a la valla que no han sido identificados y que no han declarado como hicieron los ya imputados, por tanto pensamos que si son identificados como se debe tendrán que ser llamados a declarar como imputados", señala el abogado de Andalucía Acoge.

El juzgado pide además al Hospital de Melilla que informe sobre cuántos inmigrantes fueron trasladados por Cruz Roja el 13 de agosto y el 15 de octubre del año pasado y cotejar la identidad de varios de ellos.

Los expertos dudan de la intención del juez con este auto

"El juez lo que quiere es ser muy exhaustivo. Descartar uno de los flecos que podría quedar, después de tantas declaraciones del Ministro del Interior sobre que la reforma da seguridad jurídica a los Guardias Civiles, el instructor quiere constatar que ni con el cambio de la ley van a tener amparo esas expulsiones sumarias", interpretan fuentes jurídicas especializadas en extranjería consultadas por la SER.

"Dejar claro, que no quepa ninguna duda de que esa reforma legal, incluso esos eventuales efectos beneficiosos que pudiera tener para los imputados no serían aplicables, porque las prácticas siguen siendo ilegales, y especialmente el delito de prevaricación que no puede ser revisable", señalan estas fuentes que trabajan además en la docencia en materia de derecho penal.

Otra relevante experta en Extranjería consultada por la SER plantea otra opción: “O bien intenta afianzar la instrucción para que no haya nadie que se le descuelgue diciendo que no ha tenido en cuenta la modificación legal o que sea una vía encaminada al sobreseimiento del caso”.

“Si finalmente viera que con la reforma los hechos ya no constituyen delito a su juicio, esto podría servir a los denunciantes para poder acudir a un tribunal superior y conseguir que se interprete el contenido de la enmienda, que es muy ambiguo, sin tener que esperar a un posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional que podría demorarse años”, subraya esta veterana jurista que apunta a que este caso podría acabar judicializando la reforma legislativa del Gobierno para tratar de legalizar las expulsiones sumarias de inmigrantes. Y añade: “Ahora tiene que retratarse la Fiscalía, que ya ha pedido el sobreseimiento del caso varias veces”.