El portavoz adjunto del PP no declara al Congreso ni su empresa energética ni que asesora a una inmobiliaria

Madrid

Una enorme brecha entre lo que revela el registro mercantil y la declaración de actividades económicas de sus señorías. Eso es lo que pone de manifiesto el caso de Agustín Conde Bajen, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, exalcalde de Toledo y considerado muy próximo a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; de hecho, el hermano de Conde (Antonio Conde) es director General de Economía y Competitividad del gobierno castellano manchego.

Agustín Conde recibió en abril de 2012 la autorización de la Cámara para ejercer de abogado en sintonía con la única actividad privada declarada por el diputado: administrador de la asesoría Jurídica Conde y Esteban, un despacho en Toledo que había fundado en 1999 junto a su socio Leandro Esteban, actual Consejero de Presidencia del Gobierno de Cospedal.

Aunque el despacho fue liquidado pocos meses después, en septiembre de 2012, Conde no comunicó a la cámara que el despacho había dejado de estar activo, ni tampoco que en ese mismo bufete su señoría había fundado sólo un mes después una empresa dedicada a la eficiencia energética Eco Witt de la que según el registro mercantil sigue siendo administrador único a día de hoy. Tampoco modificaría su declaración de actividades cuando en marzo de 2013, comenzó a trabajar para la filial inmobiliaria del Banco Santander, Altamira Real State como representante legal. De acuerdo al registro mercantil en 2014 también se le nombró apoderado de otra de las sociedades del banco: Santander de Titulización Sociedad Gestora de Fondos.

Abogado del Santander en casos de hipotecas impagadas

Según ha asegurado el propio Agustín Conde a la Cadena SER, el trabajo que realiza para el Santander desde 2013 consiste en defender a la entidad en casos de pleitos de impagados (como en el caso de las hipotecas); una actividad que para el portavoz adjunto del grupo popular entra dentro del ejercicio genérico de la abogacía que le fue autorizado en 2012 por el Congreso. Lo cierto es que es difícil desmentirlo o afirmarlo puesto que como el diputado no lo declaró a la Cámara, la Comisión del Estatuto del Diputado (organismo responsable de autorizar las actividades) no ha podido pronunciarse.

"No estoy obligado a declarar quienes son mis clientes, ni cada factura que ingreso. Según la ley basta con que con tengan relación con el sector público y el Santander no la tiene", ha declarado Conde a la SER preguntado por si no considera que su trabajo para el banco podía suponer un conflicto de intereses. "Si asesorase al Santander en relación al Banco de España quizá podría suponer un conflicto, pero yo me limito a defender a la entidad en casos de pleitos contra morosos", ha añadido.

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En lo que respecta a la empresa energética Eco Witt, Conde reconoce que "quizá" debía haberla incluido en el registro de actividades a través de una modificación de su declaración inicial pero añade que al tratarse de una empresa fundada por él mimo con su propio capital puede interpretarse que "se trata de la gestión del patrimonio". Conde, que reconoce haber tenido la mayor parte del accionariado de esta sociedad hasta hace pocos meses afirma no obstante que ahora solo posee un 20%.