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Víctimas de Napalm, nuevas pruebas para la causa por genocidio en el Sáhara Occidental

El abogado español que ha iniciado la causa por genocidio saharaui por parte de Marruecos quiere ampliar la querella con más testimonios que probarían la intención del reino alauí de exterminar al pueblo saharaui

Bubajar Banani llevaba una “darrah” azul cielo (la ropa tradicional saharaui masculina), con un bordado dorado alrededor del cuello. Se había puesto su traje de gala para la ocasión. Quería contar su historia, esta vez para que quede registrada y pueda ser llevada a la justicia. Estaba dentro de una jaima pero no se quitó sus gafas de sol en ningún momento. Quizás para que sus ojos no pudieran delatar su emoción, aunque su voz era firme. Han pasado 40 años pero “no hemos aceptado rendirnos, hemos seguido luchando sin someternos a ningún sultán, rey o diablo”, dice en hassanía. Eran las 10 de la mañana del 18 de febrero de 1976, estaba trabajando como repartidor en Um Draiga, una pequeña localidad al sur del Sáhara Occidental. Empezaron a llegar aviones, él recuerda cuatro aunque en ese momento lanzaron dos bombas, una sobre una zona de pequeños comercios y otra en el centro de salud. “Estaba lleno de gente y se quemó todo. Nadie sabe cuántas personas murieron ahí”. Entre las víctimas había una enfermera embarazada. Se acuerda porque luego encontraron su cuerpo destrozado y el del feto fuera de él. Cuando se fueron los aviones salieron a ayudar a los supervivientes. “Había pocos cadáveres reconocibles, sobre todo había restos humanos que recogíamos en sacos para enterrarlos, mientras hacíamos eso volvieron a bombardear. Desaparecieron familias enteras en esos ataques”.

En otra localidad cercana a Dajla (Villa Cisneros, en la época de la colonia española), Hadiyetu Doha tenía apenas cinco años cuando resultó herida en la cabeza tras el bombardeo. “Corrimos con mi familia a refugiarnos en las colinas y ríos de alrededor. Escabamos bajo los arbustos para escondernos ahí”. Días después pudieron escapar a Argelia. Ni Hadiyetu ni Bubajar han podido volver a Dajla ni a Um Draiga que, desde entonces, son ciudades ocupadas por Marruecos.

Fatma Sidahmed Beidile vivía en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, en octubre de 1975. “Mi padre llegó de trabajar, se dedicaba a poner cubiertas y tejados, cuando llegó estábamos tomando té con mi familia cuando vinieron varios hombres del Frente Polisario”. Les avisaron que tenían que salir de sus casas, que el ejército marroquí iba a mandar sus tropas de manera inminente. Era el principio de la Marcha Verde. Organizaron una caravana con mujeres y niños, otra con hombres. “Ese día empezamos a caminar hacia Argelia, fue la última vez que vi a mi padre”.

Fatma, Hadiyetu y Bubajar van a presentar sus casos a Manuel Ollé, el abogado español que lleva la causa del genocidio saharaui y que la Audiencia Nacional española aceptó a trámite y procesó, por los casos ya presentados, a 11 altos cargos marroquíes. En 2013 se presentó la primera ampliación de la querella al incluir el descubrimiento de dos fosas comunes con víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En los campamentos de refugiados del sur de Argelia, las víctimas y sus familiares tienen claro que su testimonio es fundamental para llevar a los responsables de estos crímenes ante un juez. Aseguran que no hay reparación mejor para las víctimas que la justicia.

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