La primera de las 'reválidas' de la LOMCE llega a las aulas
Más de 400.000 alumnos de tercero de primaria se someten desde hoy y hasta principios de junio a la primera de las evaluaciones externas previstas en la nueva ley educativa. Asturias y Andalucía son las únicas comunidades que no harán una prueba específica.
Madrid
Según la ley es una prueba sin efectos académicos, solo para detectar posibles problemas de aprendizaje, pero las asociaciones de padres no se fían. En Cataluña, donde el examen puede realizarse a partir de hoy y hasta el día 15, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPAC) recomiendan no llevar a los niños al colegio si sabe el día exacto del examen o en su caso dejar claro su oposición a la prueba. "Que planteen un escrito de desacuerdo de realización de las pruebas y pidan a la administración que las pruebas que se hagan a sus hijos no tengan repercusiones sobre ellos a nivel académico, curricular, etc...", dice Alex Castillo presidente de FAPAC.
Los padres llevan semanas reclamando información a la administración sobre qué ocurrirá si un alumno no supera la evaluación. "La LOMCE es muy ambigua en su redacción y dice que se tomaran medidas ordinarias y extraordinarias, recuerda Jesús Salido, presidente de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)." Lo que no sabemos qué tipo de medidas son esas", añade, " y si pueden suponer incluso la repetición de curso".
También les preocupa que la ley permita hacer públicos los resultados. Según Salido: "El único pretexto que tiene hacer públicos los resultados es que sirvan para crear un ranking de centros y justificar ese discurso de que las familias puedan decidir libremente cuando no es así. Es la administración la que tiene que garantizar la equidad en los centros educativos y la calidad. Y no las familias las que anden buscando colegio como quien elige restaurante". La CEAPA ha elaborado distintos modelos de documentos para que los padres expresen sus dudas y rechazo al examen.
La prueba tiene el rechazo de los principales sindicatos de enseñanza. Francisco García, de Comisiones Obreras, cuestiona su utilidad: "A nosotros nos parece que, teniendo en cuenta los ritmos de maduración de los alumnos en tercero de primaria, tomar en cuenta una sola prueba por encima de la evaluación continua del profesorado, que podrá condenar a un alumno de 8 años a repetir curso, nos parece desproporcionado, inútil y pernicioso”.
Desde el ministerio de Educación el director general de evaluación y cooperación territorial, José Ignacio Sánchez, insiste en que es una prueba de carácter diagnóstico y recuerda que son las comunidades las que deciden si publican los resultados aunque defiende que es algo positivo: "Todo lo que tiene que ver con trasparencia y con rendición de cuentas a la larga es bueno para todos los centros porque lo único que están haciendo es ver que con los recursos que tienen, con el alumnado que tienen, donde está enmarcado ese alumnado, tiene la posibilidad de establecer propuestas y programa de mejora".
Asturias y Andalucía son las únicas comunidades que no van a hacer una prueba específica a aunque si emitirán a final de curso un informe concretando si el alumno tiene las competencias exigidas en matemáticas y lengua.