La ley impide a un diputado "prestar servicios" a un banco

Madrid

La ley de régimen electoral, que regula las incompatibilidades de diputados y senadores, prohíbe a un parlamentario trabajar para un banco. Esa ley, que en teoría impide a los diputados tener actividades privadas aunque en realidad las consiente casi todas, fija dos excepciones claras: trabajar para el sector público y prestar servicio en entidades de crédito o aseguradores. A ese argumento se agarra el PSOE para pedir al Congreso que investigue al portavoz adjunto del PP, Agustín Conde, porque, como informó la Cadena SER, no declaró a la Cámara ni su empresa energética ni su trabajo como asesor para una filial inmobiliaria del Banco Santander.

Los socialistas piden que se investigue a Conde en la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano que, a puerta cerrada, sin votación y sin apenas debate interno, concede las compatibilidades a los parlamentarios. Sobre el papel, la comisión tiene la capacidad de hacer averiguaciones, pero en la práctica nunca se ha dedicado a tal cosa y ya dijo el presidente del Congreso la semana pasada que ellos no están para vigilar lo que hace cada diputado.

La ley obliga a los diputados a presentar su declaración de bienes y de actividades cuando toman posesión de su escaño, cuando lo dejan y también cuando modifiquen su situación. Conde no comunicó a la Cámara -que debe autorizarle para percibir más sueldos que el suyo como parlamentario- que había fundado una empresa de eficiencia energética, ni tampoco que, según consta en el registro mercantil, empezó a trabajar para la filial inmobiliaria del Banco Santander, Altamira Real State, como representante legal. Además, el año pasado fue nombrado apoderado de otra de las sociedades del banco: Santander de Titulización Sociedad Gestora de Fondos.

La pasada semana, Conde presentó una declaración de actividades corregida en el Congreso para que la Cámara tenga constancia de la empresa que fundó, pero asegura que el asesoramiento a un banco está declarado por cuanto se le concedió el permiso para ejercer como abogado: "Nunca se tiene que declarar quiénes son los clientes de un abogado ni las actividades que uno realiza en el ejercicio de la abogacía", dijo Conde el martes.

Esa es la parte con la que discrepa el PSOE, que pide una investigación en el Congreso. En el escrito que ya han registrado, los socialistas reproducen un apartado de la ley (el apartado f del artículo 159 de la Ley Electoral del Régimen Electoral General, LOREG) en el que se lee que son "en todo caso incompatibles" con la condición de diputado "las funciones de Presidente del Consejo de Administración, Consejero, Administrador, Director general, Gerente o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras o en cualesquiera Sociedades o Entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito". Si las empresas a las que asesoraba Conde se consideran dentro de este redactado, deberá interpretarlo para empezar la Comisión del Estatuto de los Diputados, que la oposición quiere que se convoque de urgencia aunque en el PP no comparten las prisas.