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OPERACIÓN PÚNICA

Salvador Victoria ordenó el cobro de 120.000 euros en B a Indra, según un imputado

Según la declaración judicial del exdirector de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue el número 2 del gobierno autónomo quien le ordenó que solicitara tres pagos en negro por este importe a la empresa Indra. A través de su gabinete de comunicación, Victoria niega las acusaciones

Salvador Victoria, en una fotografía de archivo. / CADENA SER

Salvador Victoria, en una fotografía de archivo.

Madrid

El levantamiento de parte del secreto sumarial de la Operación Púnica, con el traslado a los implicados de 42 de los interrogatorios practicados a imputados y testigos por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha permitido conocer novedades que implican a la Comunidad de Madrid, como el supuesto intento de cobro de 120.000 euros en negro a Indra, contratista con esta administración.

Fue José Martínez Nicolás, exdirector de la Agencia de Informática del ejecutivo madrileño, quien solicitó esos pagos, según desveló la fiscal del caso durante el interrogatorio al presidente de Indra, Francisco Javier Monzón.

Pero Martínez Nicolás no solo admitió en su declaración como imputado que reclamó el pago de esas mordidas, sino que afirmó que fue el número 2 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, quien le ordenó que realizara esta petición, según fuentes de la investigación consultadas por la SER.

Siempre según Martínez Nicolás, Salvador Victoria le pidió que reclamara 90.000 euros a Indra en una primera entrega, y volvió a ordenarle que solicitara dos mordidas más a la misma empresa. Una de 20.000 euros y otra de 10.000. Las mismas fuentes sostienen que Nicolás declaró que los pagos fueron satisfechos. No obstante, el presidente de Indra afirmó al juez que no le constaban tales peticiones.

Sólo dijo saber que reclamaron a la empresa 10.000 euros para el empresario conseguidor imputado, Alejandro de Pedro, pero aseguró que no le pagaron sino que le ofrecieron un trabajo a cambio debido a las “presiones” del jefe de la informática de la comunidad.

El propio Alejandro de Pedro también implicó a Victoria en su declaración ante el juez. Afirmó que el alto cargo de Madrid le pagó directamente “10.000 euros en un sobre”.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Salvador Victoria, quien se ha negado a hacer declaraciones y ha remitido a su gabinete de comunicación para cualquier aclaración al respecto. El gabinete de Victoria niega de forma tajante que el consejero de Presidencia y Justicia de Ignacio González pidiera el cobro de comisiones a contratistas con la administración.

Desde el gabinete de comunicación de Victoria añaden en su descargo que Martínez Nicolás “actuaba de forma autónoma” dentro de la Agencia de Informática dependiente de la Comunidad de Madrid, y que tenía todas las competencias en materia de “pagos y contratación”. La misma fuente asevera que la sintonía entre Salvador Victoria y Martínez Nicolás era “nula”.

Victoria será llamado a declarar como imputado

Las sospechas sobre la implicación de Salvador Victoria en la trama Púnica se han acrecentado después de los más de 150 interrogatorios practicados por el juez Eloy Velasco. Los investigadores le sitúan en el centro de la trama en la Comunidad de Madrid, para el supuesto cobro de comisiones a contratistas con la administración autonómica.

Victoria, según la testigo Esther Gutiérrez, se reunió hasta ocho veces con el imputado Alejandro de Pedro, entre enero y marzo de 2014.

Las fuentes consultadas por la SER sostienen que Victoria será llamado a declarar como imputado, con toda probabilidad, en cuanto se celebren las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo.

Será entonces cuando Victoria, que no repite en la candidatura del Partido Popular, pierda la condición de aforado. La Audiencia Nacional podrá entonces citarle a declarar como imputado. Si conservase el aforamiento, tendría que trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que sería el competente para conocer del asunto.

 
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