España rechaza la propuesta para el reparto de refugiados italianos

Es un debate viejo. Los países del norte tienen un elevado número de refugiados. Los países del sur un número elevado de personas que llegan sin papeles para buscar trabajo. Todos son inmigrantes y hasta hoy los gobiernos han mantenido una dura pelea para evitar que el norte pudiera repartir los refugiados ignorando el espacio que ocupan en el sur los ilegales con residencia fija.

La llegada masiva de ciudadanos sirios a las costas de Italia parecía haber roto esta antigua polémica que España ha reabierto este lunes al criticar, el ministro español de Asuntos Exteriores, la propuesta que ha presentado la Comisión.

"Hay que tener en cuenta el esfuerzo que se ha hecho en integración de inmigrantes, anterior", ha dicho Margallo que ha asegurado que en las épocas del boom de la construcción, España tuvo "prácticamente un 12% de la provocación total de origen inmigrante".

España rechaza pues las cuotas de reparto porque el principio en el que se basan es desigual: "Yo no estoy de acuerdo en los criterios que se han manejado. Creo que hay que darle otra vuelta a ese tema". Ha insistido el ministro que en Bruselas mantiene hoy con sus colegas el primer intercambio de opiniones sobre el proyecto con el que la Comisión desea resolver las llegadas masivas de inmigrantes a las costas de Italia y la nula respuesta de la Unión Europea a las expectativas de Naciones Unidas que reclama salidas para los refugiados sirios que esperan en sus campos.

Son dos temas distintos para los que Bruselas propone un compromiso de reparto basado en el 40% del PIB, 40% de la población, 10% de la tasa de paro y el 10% del esfuerzo realizado anteriormente. Criterios que no valen al gobierno español que quiere aumentar el impacto del paro en el cálculo de este reparto y también el impacto del esfuerzo de integración realizado. "Estos dos últimos criterios están muy infra representados", ha insistido el ministro Margallo que considera la tasa de paro capital "para saber la capacidad de integración en condiciones de dignidad" y que además pide un reconocimiento específico por el esfuerzo para impedir la entrada de ilegales.

En la práctica España pide el reconocimiento por los controles en Ceuta y en Melilla argumentando que las entradas de ilegales por sus fronteras "han aumentado sólo un 15%" según los datos que ha ofrecido Margallo citando cifras del 2014 cuyo balance, lo ha comparado con los datos de Italia, ( el Mediterráneo central) "cuyo incremento ha sido del 200%". Argumentos que confirman los problemas previstos para que se pueda aprobar la propuesta de la Comisión europea cuyo objetivo es garantizar un reparto urgente de personas con derecho al asilo que lleguen hasta a Italia por entender que la situación en Libia impide bloquear su salida en las costas de África. La Comisión está también dispuesta a presentar un proyecto de ley que convierta la solución italiana en un instrumento utilizable cada vez que pueda constatarse una "crisis humanitaria" o situación de emergencia, aunque este proyecto de ley no llegaría hasta el año que viene y los criterios para definir la "emergencia" no están aún claros.

El otro gran problema es definir si los países de la Unión Europa pueden establecer un compromiso que permita salir de los campos de refugiados sirios a 20.000 personas cada año hasta el 2019. La petición la han realizado los Naciones Unidas pero fijar una cifra concreta exige un compromiso de reparto para evitar que sean Alemania y Suecia los que asuman la mayor parte de refugiados aunque en este caso el gobierno francés también ha protestado por entender que su país es ya "muy solidario". Francia exige precisar que los inmigrantes laborales quedarán al margen del debate contra el que desde hace muchos días se ha pronunciado también el gobierno británico recordando que en su caso "el desembarco en Italia de cualquier inmigrante que se pueda rescatar en el Mediterráneo" es una pre-condición para la participación en la operación Militar que de momento sigue pendiente del aval de Naciones Unidas. Para intentar lograr una resolución de consenso los ministros han suprimido de su texto las referencias a "la destrucción de barcos" sometiendo futuras actuaciones "al mandato de la ONU" aunque el ministro español de asuntos exteriores cree que da los mismo lo que diga el papel:" abordaje, destrucción. Es inutilizar los medios de los traficantes para sus operaciones". Aunque hacerlo a cañonazos por el momento no tiene todavía apoyo de la ONU.