PP y PSOE vetan un acto de víctimas de ETA y los GAL en el Congreso
Revocan la autorización que concedieron tras las quejas de la AVT y la Fundación de Víctimas
Primer encuentro entre víctimas de ETA y los GAL en una parroquia de Madrid en abril de 2014
Madrid
La mesa del Congreso de los Diputados, que es el órgano que decide lo que se hace y se deja de hacer en la Cámara, autorizó hace unas semanas que la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo celebrara un encuentro entre víctimas de ETA y de los GAL en una sala del Congreso, la Ernest Lluch. Lo pidieron cuatro grupos parlamentarios –PNV, CiU, Izquierda Plural y Grupo Mixto– y la mesa lo tramitó sin más porque así lo marca el reglamento. Al poco, ante las primeras críticas y ante cierto revuelo interno, el PP se opuso a la decisión y el PSOE pidió un informe jurídico para estudiar si la decisión podía revocarse. Y esos dos grupos, PP y PSOE, han decidido revocar su propia decisión tras las quejas de los colectivos mayoritarios de víctimas.
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“No se trata de prohibir el acto, sino de que no se celebre en una dependencia del Congreso”, justificaba el presidente de la Cámara al acabar la Junta de Portavoces en la que todos los partidos han debatido la oportunidad del acto. En realidad, la decisión ya la había tomado antes la mesa del Congreso, en la que están PP, PSOE y también CIU, aunque su representante, el diputado Jordi Jané, no ha asistido al encuentro. Así, el veto al acto que en principio permitieron se ha acordado por unanimidad. Posada ha reconocido que la razón para desdecirse ha sido, esencialmente, la protesta de algunas de las asociaciones de víctimas, además de las expresiones que alguno de los invitados a ese acto lanzó el año pasado, cuando el encuentro se celebró en la parroquia. El PP tiene transcrita aquella reunión y considera que se dijeron cosas inaceptables en defensa de ETA que no quería que se reprodujeran en el Congreso.
El portavoz socialista, Antonio Hernando, justificaba el cambio de posición de su grupo: “Es más el daño que haríamos a la memoria y a la dignidad de las víctimas autorizando este encuentro que diciendo que se produzca fuera del Congreso de los Diputados”. El PNV, la Izquierda Plural o Amaiur lamentaban sin embargo la decisión: “En base a una mayoría se toma una decisión política, porque es imposible tomarla con argumentos jurídicos”, decía Aitor Esteban, que recordaba que iniciativas de este tipo se dan también en el País Vasco. Iker Urbina añadía: ”La cancelación no aporta nada a la convivencia. Era un acto importante”.
Lo que dice el informe jurídico
El informe que ha elaborado la Secretaría General del Congreso admite que la decisión de autorizar el encuentro en el Congreso se adoptó “al amparo” del reglamento, que “se ajustó plenamente a los criterios empleados de forma reiterada por la Mesa” pero permite a la misma mesa “revisar” sus decisiones si “como ha ocurrido en este caso, se le dan a conocer nuevos elementos de valoración que pueden justificar un cambio de criterio”.
Sobre los nuevos elementos que pueden haber provocado el cambio de opinión, el citado informe describe uno. En su punto octavo: los escritos que enviaron al presidente del Congreso las presidentas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mar Blanco. “En ellos se hace constar su ‘malestar y total desacuerdo’ con la autorización por la Mesa de la celebración del citado acto. En ambos casos se afirma que el mismo supone ‘una manipulación del relato del terrorismo en nuestro país’ ya que se pretende ‘equiparar a víctimas y verdugos”.
