El puente de la discordia de Calatrava en Venecia

Roma

Si los puentes unen civilizaciones, como escribió el premio Nobel yugoslavo Ivo Andric, el del valenciano Santiago Calatrava sobre el Gran Canal divide a los venecianos. El conocido filósofo Massimo Cacciari, ex alcalde de la ciudad de los canales en la década de los 90, lo defiende. “No adjudiqué yo la obra –precisa- pero hay que estar atentos porque los entendidos lo consideran una obra de prestigio arquitectónico”.

Sin embargo, los no entendidos de Venecia exigen su desmontaje y comparten la letra de la canción ‘Solo nos faltaba el puente de Calatrava’ que, según su autor Fabrizio Tavernelli en su trabajo Volare basso (Volar bajo), “declina, devora la tierra y eructa en el aire malsano”. Es más, han convertido su exigencia de retirada del cuarto puente sobre el Gran Canal en una cuestión de principios porque se adjudicó por tres millones y terminó superando un coste de 11; porque debía construirse en 12 meses y se prolongó seis años; porque se ignoró la climatología de la Laguna, que lo convierte en un pista resbaladiza y rompepiernas; o porque olvidaron el acceso para discapacitados, ancianos o madres con niños pequeños. Pero no solo. A este último gran problema aplicaron una solución clamorosa: añadieron un teleférico lateral. Una nave extraterrestre de color rojo para mayor visibilidad, que dejó de funcionar a las pocas semanas. Fue el hazmerreír que colmó la paciencia de los venecianos.

Santiago Calatrava ha sido absuelto por el Tribunal de Cuentas y no deberá devolver casi 4 millones al ayuntamiento de Venecia porque no hubo negligencia del arquitecto, según la sentencia, sino en la gestión de la adjudicación de las autoridades locales. El mismo tribunal ha condenado al ex alcalde Paolo Costa, que encargó la obra, y a varios consejeros municipales a pagar de sus bolsillos solidariamente una indemnización de 1,8 millones de euros. “Si costó demasiado, deberían condenar a los constructores, no los administradores”, han replicado los políticos venecianos, ofendidos porque el alto tribunal les obliga a responder a la mala gestión pública con sus bienes personales.