"La ley de Seguridad Ciudadana retrotrae al franquismo"

Madrid

Los grupos de la oposición en el Parlamento, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra nueve artículos la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley mordaza', para "frenar el recorte de derechos" impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Una ley que, en palabras de la Izquierda Plural "retrotrae a tiempos pasados y con la que ni el mismísimo franco hubiera estado más de acuerdo". CiU y PNV no han firmado el recurso.

El recurso se presenta por la vulneración de nueve artículos de la Constitución Española, entre ellos el derecho de reunión, el derecho a la integridad física de la persona, el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y los derechos por la dignidad de las personas, entre otros.

Cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios han mostrado sus discrepancias con la nueva ley. Antonio Hernando del Partido socialista lo explicaba en las puertas del tribunal: "Nuestro compromiso es frenar los recortes de derechos impulsados por el Partido Popular, porque la 'ley mordaza' está prevista para cortar las protestas, las quejas, las manifestaciones de los ciudadanos". Además, según Hernando, la ley contempla las devoluciones de migrantes de "cualquier forma, sin procedimiento" porque "son devoluciones que conculcan el derecho a solicitar asilo, refugio y protección internacional".

El PP tiene miedo

Según el portavoz socialista, "el PP tiene miedo y por eso ha impulsado esta ley para frenar manifestaciones y el derecho de información pero también para conculcar la libertad y la dignidad de las personas". El portavoz socialista aseguró, además, que "también desde aquí se hace campaña para que los derechos de los ciudadanos se puedan proteger votando pero también viniendo al Constitucional para defender esos derechos".

Tiempos de Franco

Desde el grupo parlamentario de Izquierda Plural, Caridad García, insistía que "impone sanciones elevadísimas precisamente para evitar que se tengan esos derechos". A lo que añadía, con sarcasmo, "una ley que quizá el mismísimo Franco no la habría considerado mejor".

Desproporcionada

Desde Unión, Progreso y Democracia, su portavoz, Andrés Herzog, calificaba la ley como "desproporcionada e innecesaria que supone la guinda a una legislatura negra en recortes de los derechos fundamentales". Compromís, a través de su portavoz, Joan Baldoví , explicó a la salida del Tribunal que si los jueces no la anulan "tenemos ya muchísimo trabajo para la próxima legislatura y no serán ya las leyes que saldrán con el único voto del Partido Popular, sino que saldrán leyes consensuadas que no prohíban la democracia de los ciudadanos".