El mal ojo de Rajoy con los delegados del Gobierno

Madrid

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene suerte con los nombramientos de los delegados del Ejecutivo. Cuatro de los que ha designado durante esta legislatura han tenido que presentar la dimisión y en la mayoría de los casos, por asuntos relacionados con la corrupción. El último ha sido el delegado del Gobierno en la Comunitat valenciana, Serafín Castellano, detenido este viernes por cohecho, prevaricación y malversación durante su etapa como consejero del Gobierno valenciano.

Una acusación que con dificultad puede entenderse que cogiera desprevenida a la Moncloa, si se tiene en cuenta que ya en 2009 la Cadena SER informó sobre las adjudicaciones a dedo de Castellano a la empresa Construcciones Taroncher, dirigida por un amigo íntimo y compañero en el juego de pelota. Castellano ya llevaba entonces 10 años adjudicando contratos a su amigo Taroncher.

Serafín Castellano es el último, pero su predecesora en la Delegación del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, dimitió hace un año alegando “motivos personales”. No obstante, meses antes, la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, declaró ante el juez del caso Gürtel que Sánchez de León fue la responsable de contratar con la trama durante su etapa como consejera de Presidencia del Gobierno de Francisco Camps.

A estos dos hay que sumar el caso de José María Rodríguez, el delegado del Gobierno en Baleares que tuvo que abandonar el puesto en julio de 2012 por su implicación en otro caso de corrupción, el Palma Arena, durante su etapa como miembro del Ejecutivo del presidente balear, Jaume Matas.

El cuarto delegado de Rajoy que ha presentado la dimisión es Alejandro Ramírez del Molino, por la comunidad de Extremadura, aunque en este caso nada ha tenido que ver la corrupción, sino que se vio obligado a marcharse en mayo de 2012 por incompatibilidad. Ramírez de Molino era propietario de una farmacia y una vez más, faltó ojo. Nadie en el Gobierno se dio cuenta de que esa circunstancia le impedía ser designado para el cargo.

El quinto delegado con problemas es Joaquín Bascuñana, representante del Ejecutivo en Murcia, quien permanece en el cargo a pesar de estar imputado en el caso Novo Carthago, donde se investigan delitos de corrupción política y urbanística en la recalificación de terrenos.

A pesar de su imputación judicial y de las críticas de la oposición, Bascuñana ha optado por resistir y aferrarse al sillón del Gobierno en Murcia. Tal vez no sea una mala estrategia. La resistencia es proverbial en su jefe de filas, que en este caso mira hacia otro lado, y no le fue mal al también gallego Arsenio Fernández de Mesa, otro delegado del Gobierno que resultó imputado en su día por su gestión del Prestige, y que hoy dirige la Guardia Civil.