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Excusas a la transparencia

El Consejo de la Transparencia ve con “alarma” los pretextos para no publicar datos oficiales y envía instrucciones a los ministerios para que no eludan la ley

El Consejo de la Transparencia, el órgano independiente que vigila si el Gobierno cumple la ley y publica los datos oficiales, ha tenido que enviar instrucciones a los ministerios para que dejen de buscar pretextos en la norma que mantengan en secreto información pública. En el Consejo ven “con alarma las excusas” que ponen algunos departamentos y admiten que es aún desconocida la herramienta que permite controlar al Ejecutivo, un portal para preguntar por contratos, sueldos, adjudicaciones o procedimientos administrativos. En seis meses que lleva activo, sólo 2.000 personas o entidades han hecho llegar sus solicitudes.

España ha tardado casi 40 años en darse una ley de transparencia, como tiene la mayoría de los países de su entorno. Es un avance de esta legislatura que, además, el Gobierno esgrime como una de las medidas más eficaces contra la corrupción. Dice la norma que favorece incluso el crecimiento económico. La ley ha desarrollado un Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno que está echando a andar y un portal en internet para que los ciudadanos accedan a una información que, en realidad, les pertenece. Pero los primeros meses demuestran que una cosa es el discurso del Gobierno sobre la transparencia y otra lo que va a costar su puesta a punto.

La presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, reconoce en declaraciones a la Cadena SER que “todavía falta mucho por hacer”: “Es verdad que la administración ha hecho un esfuerzo al poner en marcha el portal, pero aún no ha incorporado en sus venas el pálpito de la transparencia. Cuando hay preguntas o reclamaciones de los ciudadanos, encontramos que, en ocasiones, ante situaciones difíciles intentan buscar excusas para no darlas, porque la ley también las tiene”.

Regular los lobbies y publicar las reuniones

J. L. Sastre

En esta legislatura, el Congreso de los Diputados ha asumido al menos dos veces el compromiso de regular los grupos de interés, vieja demanda que siempre se aplaza. Arizmendi aboga por registrar los lobbies que actúan en España: “Existen, y como sabemos que existen, lo mejor es que existan en transparencia. Queremos que se legislen porque si no la transparencia queda con un agujero sin cubrir”.

El Consejo apuesta por que, igual que hacen ellos y otras tantas instituciones, los ciudadanos sepan con quién se reúnen los altos cargos. “Lo que es importante es que las agendas de quien ostente un cargo público se sepan con toda normalidad. No hay por qué no saber en qué gasta su dinero y su tiempo todo aquél que está en la administración”, concluye Arizmendi.

En efecto, la ley, que se aprobó en 2013, contempla hasta 12 supuestos en los que puede escudarse el Gobierno para dejar sin respuesta a un ciudadano. Son supuestos muy ambiguos: la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la protección del medio ambiente o el secreto profesional. ¿Quién decide lo que entra o no en conceptos tan abstractos? Los ministerios. ¿Con qué criterio? Con uno demasiado amplio, a juzgar por las palabras de Arizmendi: “Un límite nunca puede ser una excusa. Eso nos ha obligado a mandar a todos los ministerios un criterio” para que interpreten que los casos que contempla la ley son en realidad la excepción, y no la norma, de manera que cuando se niegan a dar un dato tendrán que hacerlo “escasísimamente, justificadamente”. “Estamos viendo con alarma que hay algunos organismos que ante algunas preguntas se colocan debajo de ese paraguas”, añade la presidenta del Consejo.

Pocas demandas ciudadanas

Arizmendi reconoce cierta “decepción” por las pocas preguntas que han hecho llegar los ciudadanos en el tiempo que lleva el portal en marcha. Son poco más de 2.000 cuando en Reino Unido se reciben al año unas 45.000. El Consejo, que actúa como un órgano fiscalizador, pide al Gobierno que facilite el trámite para que no se pierda media tarde en el intento de enviar una pregunta.

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