El PP de Madrid promocionó a Alejandro De Pedro entre sus alcaldes
El Partido Popular de Madrid, con el supuesto líder de la Púnica como secretario general, Francisco Granados, organizó charlas del 'conseguidor' Alejandro de Pedro en decenas de sedes locales del partido en la comunidad antes de las elecciones de 2011. Después llegarían los contratos bajo sospecha con sus alcaldes
Sede del Partido Popular en Madrid. / EFE
Madrid
El acceso del 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, a los municipios de la Comunidad de Madrid para gestionar el posicionamiento en las redes sociales y la edición de diarios digitales amables con el poder, no fue casual.
Según fuentes del caso y varios alcaldes del Partido Popular consultados por la SER que prefieren guardar el anonimato, fue el propio partido en Madrid el que "promocionó" a De Pedro en los meses previos a las elecciones municipales de 2011.
La dirección regional del PP, siendo entonces secretario general Francisco Granados, recuerdan estas fuentes, organizó "charlas y encuentros" con Alejandro de Pedro en las sedes locales del partido en Madrid.
Unos "encuentros" en los que Alejandro de Pedro incidía en la importancia de la imagen en las redes sociales y en cómo combatir las noticias negativas para sus intereses.
Después llegarían los contratos en los municipios, que algunos de estos ediles firmaron porque, según aseguran, creían que el sospechoso "contaba con el visto bueno del partido".
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, cree que hay un total de 47 municipios de la Comunidad de Madrid afectados en mayor o menor medida por el entramado. Unos por los contratos reputacionales en internet con las empresas de Alejandro de Pedro, que en algunos casos se habrían pagado en negro y en la mayoría de las ocasiones se adjudicaron sin concurso; y otros por las adjudicaciones a cambio de mordidas a las empresas del otro líder de la trama, David Marjaliza, o por las contrataciones con Cofely, la empresa de eficiencia energética utilizada por la red a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y que recibió adjudicaciones estimadas en unos 250 millones de euros.
