'Kichi' se ve “impotente” ante el primer desahucio de su mandato
El nuevo alcalde de Cádiz ha intentado mediar pero ni el ni varios de sus concejales han podido evitar la ejecución del desahucio
Primer desahucio bajo el mandato de 'Kichi' / VÍDEO ATLAS
Cádiz
Uno de los primeros compromisos del nuevo alcalde de 'Por Cádiz sí se puede', José María González, de convertir la capital gaditana en una ciudad libre de desahucios no se ha podido cumplir. La intervención de la Policía permitió llevar a cabo el lanzamiento de una familia que ocupaba una vivienda en el número 35 de la calle Benjumeda.
El regidor local, que fue instado por los vecinos desde los balcones para que también se colocase ante el portal como hacían cuatro de sus concejales, optó por mediar ante la Comisión Judicial y los agentes antes de enfrentarse a una sanción económica por desobediencia a la Autoridad como ha ocurrido con sus ediles y varias personas pertenecientes a diversos colectivos sociales, incluido un hijo de esta familia.
Tras practicarse el lanzamiento de los ocupantes de la vivienda, el alcalde ha manifestado que en su opinión “ha faltado voluntad política para resolver este asunto” ya que lleva varios años en el Juzgado de Primera Instancia es Instrucción Número 5, por lo que reconocía que “ha vivido este momento con impotencia”.
La familia, que fue trasladada por un taxi hasta la pensión que sufragará el Ayuntamiento de Cádiz hasta que encuentren una nueva vivienda que se ajuste a sus posibilidades económicas, ocupaba esa vivienda desde julio de 2013, fecha en la que sus propietarios, un grupo inmobiliario les rescindió el contrato al aplicar una renta nueva, ya que ese inmueble fue sometido a una rehabilitación por parte de la Junta.
Antes de esa reforma pagaban 90 euros al mes, y después se le solicitaban durante varios meses 148. Desde hace un año y medio se les aumentó el alquiler a 420 euros, una cantidad a la que no han podido hacer frente al recibir una pensión no contributiva de 360 euros, lo que ha provocado una deuda de 3.117 euros desde julio de 2013.
Eso llevó a los propietarios a reclamar por vía judicial esa cantidad y la salida de los ocupantes de la casa. Sus moradores, no se negaban a pagar, pero les era imposible afrontar un alquiler en otro sitio y menos aun cuando les piden un avalista que no tienen. El Ayuntamiento de Cádiz ha intentado ayudarles con el abono de la fianza y una primera mensualidad, pero al no lograr avalista, nadie les quiere alquilar nada, según se lamentan.
