Las interpretaciones del código ético del PSOE generan malestar interno
Los socialistas actúan de forma diferente con el responsable de los socialistas gallegos y con los ex presidentes andaluces. Se escudan en que sus normas internas dan margen para ello
Madrid
El código ético del PSOE establece que los socialistas que resulten imputados tendrán que abandonar sus cargos orgánicos e institucionales de forma cautelar con la apertura de juicio oral pero añade que, en situaciones de especial gravedad, se pueden tomar medidas más estrictas. La aplicación de criterios diferentes en los imputados de los ERE y el secretario general de los socialistas gallegos ha generado malestar en las filas del PSOE, especialmente en Andalucía y Galicia.
La interpretación de lo que es más o menos grave la hace la dirección socialista que, en el caso del ex presidente andaluz Manuel Chaves y el resto de diputados imputados por los ERE, entendió que tenían que dejar de forma inmediata sus escaños tras ser inculpados por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación administrativa. La misma dirección entiende ahora que José Ramón Gómez Besteiro, secretario general de los socialistas gallegos y barón muy próximo a Pedro Sánchez, puede seguir al frente del partido hasta que se abra juicio oral (si finalmente se llega a ese punto) tras haber sido imputado por delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas, por gestiones en su etapa de concejal de Urbanismo en Lugo.
En el caso de Chaves, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, compareció ante los medios de comunicación nada más saltar la noticia de su imputación dando por hecho que tanto él como el resto de inculpados por los ERE iba a dejar el escaño (uno de ellos, el sevillano José Antonio Viera no lo hizo y forma parte ya del Grupo Mixto). En el caso Besteiro, el PSOE ha ido actuando por fases. Tres veces negó Pedro Sánchez en rueda de prensa el lunes que haya que suspenderlo de su cargo orgánico, agarrándose a la letra menos exigente de su código ético y evitando entrar en mayores consideraciones. Este martes, otra vez a preguntas de los periodistas, ha sido Antonio Hernando, portavoz socialista, quien ha tenido que lidiar con las preguntas de la prensa y quien ha ido un paso más allá: Gómez Besteiro no será senador como estaba previsto en su hoja de ruta desde que dejó la Presidencia de la Diputación de Lugo para empezar a trabajar en las primarias para presentarse a la Xunta de Galicia. No tendrá escaño en la Cámara Alta en representación de la comunidad autónoma porque, según fuentes de Ferraz, él mismo lo acordó así en la tarde del lunes, entre una rueda de prensa y otra, en una reunión con el secretario general del PSOE. Fuentes del partido en esa comunidad sostienen que en la tarde del lunes en su equipo mantenían inalterable la hoja de ruta hasta las elecciones de 2016. En cualquier caso se mantiene como secretario general en el PSOE gallego donde, una eventual dimisión, pondría al partido en la coyuntura de organizar una gestora.
Tanto en Andalucía como en Galicia hay malestar por esta situación. Hay muchas voces socialistas andaluces que asistieron con estupor a la salida del Congreso de quien fue su referente durante dos décadas hace solo una semana sin margen de maniobra, según insisten, para recurrir la imputación por prevaricación administrativa. Entienden que Ferraz ahora no actúa con el mismo criterio cuando los delitos que se imputan son cohecho y tráfico de influencias. La incoherencia que critican fuentes de los socialistas gallegos tiene que ver con la actuación del propio responsable del partido en Galicia, que movió de la candidatura a presidir la Diputación de Lugo a un alcalde imputado con consecuencias de especial relevancia: la ruptura de la disciplina de voto de éste provocó que el PSOE perdiese la Corporación Provincial.
Fuentes de Ferraz rechazan que el criterio sea arbitrario. La determinación de la gravedad, aseguran, es claramente objetivable. No dudan de que la contundencia de la dirección federal estaba justificado en el caso de los ERE porque aseguran que ha provocado un indudable desgaste al partido y que, después de que hayan corrido ríos de tinta, con negociación de la investidura de la presidenta andaluza de por medio, no había otra salida posible. "Fue la propia Susana Díaz la que elevó el listón", añaden fuentes socialistas.
Ha habido otro nombre de socialista imputada sobre la mesa en este martes: Mercedes Gallizo, diputada autonómica de Madrid tras incorporarse al equipo de Ángel Gabilondo. Su caso ha ido evolucionando a lo largo de la jornada: Antonio Hernando ha dado a entender primero que se estaba estudiando su situación (no se le imputa por corrupción sino por vertidos ilegales durante su mandato como responsable de Instituciones Penitenciarias), después Pedro Sánchez en Bruselas ha añadido que se iba a estudiar la designación (su argumento, en cambio, ha sido que no hay aún juicio oral abierto y que su partido respeta "a rajatabla" su código ético) y finalmente ha sido la propia Gallizo quien ha anunciado que da un paso atrás y no será senadora.