España desoye a la ONU por un caso de violencia machista
El Gobierno dice que no se actuó de forma negligente y no indemnizará a una madre que denunció a su exmarido hasta 50 veces sin que la Justicia actuara. El hombre acabó matando a su hija
Ángela González, en los estudios de la Cadena SER. / Cadena SER
Madrid
El Gobierno vuelve a desobedecer a la ONU. Deniega a Ángela González Carreño su derecho a ser reparada e indemnizada. Se lo comunicó ayer a través de una resolución del ministerio de Justicia. En ella desestima la revisión de su caso que Ángela pidió tras la histórica condena de Naciones Unidas de hace un año que estableció que España actuó de forma negligente al desproteger a esta madre y a su hija Andrea que acabó asesinada por su padre durante un régimen de visitas sin supervisión. El ministerio niega que haya responsabilidad patrimonial del Estado, rechaza errores y un funcionamiento anormal de la justicia a pesar de las 50 denuncias que presentó sin éxito Ángela contra su exmarido. Se apoya el Gobierno en un reciente dictamen del Consejo de Estado que avala su decisión. Sorprendentemente el Consejo de Estado dice que la condena de la ONU no es un documento de valor esencial, que son opiniones del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y añade que no tienen carácter vinculante cuando España firmó en 1983 la convención de este organismo, el CEDAW.
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Ayer mismo cuando Ángela recibía la resolución de Justicia, el comité de la ONU hacia público un duro informe lleno de reproches al Gobierno. Se muestra preocupado porque el Ejecutivo no entiende ni toma conciencia de su obligación de cumplir con sus recomendaciones dictadas sobre el caso. Dice que España no está tomando medidas suficientes para formar y especializar en violencia de género a jueces, fiscales y abogados con el objetivo de erradicar los estereotipos machistas que provocaron la muerte de la pequeña Andrea, de siete años. En este sentido, el CEDAW se muestra alarmado por el elevado número de menores asesinados por sus padres violentos en los regímenes de visitas. Dice que han sido 20 entre los años 2008 y 2014. En su informe, denuncia además el deterioro y los recortes que han sufrido los medios y servicios de protección a las mujeres maltratadas y aprovecha por cierto para pedirle por tercera vez al Gobierno que retire su reforma de la ley del aborto.
