Montoro limita los viajes en 'business' a los directivos de empresas públicas
Los directivos de las empresas públicas van a ver restringidos sus viajes, en virtud de una Orden del Ministerio de Hacienda que establece criterios de ahorro que deberán seguir en sus desplazamientos
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante un pleno del Congreso / EFE
Lo más destacado: el uso, con carácter general, de la tarifa turista -no business ni primera, por tanto- en sus viajes en tren y avión. Salvo casos excepcionales -aclara la norma- justificados por la distancia o la duración del desplazamiento.
La Orden establece también que deben sustituirse, en lo posible, esos viajes, por vídeo o audio conferencias, y que, cuando se realicen, se recorte la estancia, el número de personal desplazadas, y el uso de transporte público y hoteles precontratados por la administración.
Es llamativo que estas medidas de ahorro desarrollan una disposición adicional de la reforma laboral que entró en vigor en 2012, y que aún estaba pendiente.
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La reforma laboral tiene aplicación general desde hace más de tres años. Las restricciones en los viajes de los directivos de empresas públicas entrarán en vigor este viernes y, en buena medida, están sujetas a la interpretación de esos mismos directivos.
"Ya hay controles"
Fuentes de la Sepi han informado a la Cadena Ser que los directivos de esta sociedad estatal ya viajan en clase turista y que "hay instrucciones internas de gasto" para la quincena de empresas que dependen de ella con criterios similares de ahorro, y auditorías de control del gasto. Pero no parece que haya una prohibición expresa de viajar en business, por ejemplo.
A primera hora de la tarde, en su primera nota oficial acerca de este asunto el Ministerio de Hacienda señala que con la orden ministerial "se trata de dar rango legal a las instrucciones internas que ya se estaban aplicando en las empresas del sector público".
Fuentes del Ministerio justifican que se haya esperado hasta ahora para publicar la norma, y su entrada en vigor, porque "era necesario hacer una clasificación detallada de todo lo que pueda ser considerado empresa pública estatal, para una aplicación homogénea de esta normativa". Una clasificación en la que se han tardado tres años, pero el departamento de Montoro no da cifras sobre cuántas son las personas afectadas por la nueva norma.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dicho hoy que "según la oficina de conflicto de intereses, sumando empresas y demás entes que tengan naturaleza de organismos públicos, podemos hablar de 600 personas afectadas por el cumplimiento de esa orden". Pero el Ministerio de hacienda no confirma esos datos.
