Sanidad quiere que los ‘sin papeles’ se inscriban en un registro

Madrid

Después de cinco meses, después de que Alfonso Alonso anunciase allá por el mes de marzo que devolvería a los inmigrantes irregulares la asistencia a atención primaria, el Ministerio de Sanidad sigue sin definir del todo cómo será esa asistencia a los sin papeles.

El departamento de Alfonso Alonso sigue puliendo esos requisitos en un borrador que analizarán el próximo miércoles con las Comunidades Autónomas.

Por el momento, hay varios requisitos sin concretar, como por ejemplo, el tiempo mínimo que deben llevar empadronadas los inmigrantes, cuál será su nivel de renta, o si tendrán historia clínica como el resto de los españoles.

Por el momento, el Ministerio de Sanidad tan solo ha desvelado en una nota de prensa que la propuesta que llevará el próximo 2 de septiembre a las Comunidades Autónomas para por los siguientes requisitos:

1. "Las personas en situación irregular deberán acreditar una situación de empadronamiento"
2. "Los servicios sociales tendrán que determinar en qué situación está"

Y a partir de ahí “formarán parte de un registro y podrán obtener un documento con el cual puede recibir esa asistencia”.

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Es decir, tal y como han precisado a la SER desde el Ministerio de Sanidad, ese registro será un trámite previo e indispensable para que los inmigrantes irregulares recibir un documento con el que puedan tener derecho a la atención primaria.

El propio Alfonso Alonso ha avanzado que ese registro será una forma de acabar con el descontrol, “a la vista de la experiencia y dado que cada comunidad ha seguido haciendo una cosa distinta de la otra, nosotros necesitamos armonizar esta situación", para ello, según Alonso “necesitamos que la gente esté registrada y tener un control”, ha apuntado.

Pero ese documento “en ningún caso puede ser una tarjeta sanitaria”, según ha enfatizado Alfonso Alonso, porque volvería a abrir la puerta “del turismo sanitario”.

Ese fue el mismo argumento que el Gobierno de Mariano Rajoy defendió hace casi tres años para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, a los que ahora pretender volver a atender en atención primaria.