El Constitucional ya tiene medios para hacer cumplir sus resoluciones

Madrid

En el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha presentado una proposición para reformar el Tribunal Constitucional y además con carácter de urgencia para que este pueda multar o suspender de sus funciones a quienes no cumplan sus sentencias. Algo pensado, evidentemente, de cara a una posible declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Una medida que, desde el Constitucional, ven inútil, y que algunos magistrados lo califican como “grotesco” por varios motivos. A todos ellos les ha pillado por sorpresa e intentan conocer con detalle la propuesta de Partido Popular, incluso el presidente de la Institución.

También muestran su preocupación por una reforma que convierte al Constitucional en 'brazo ejecutor' de la política del gobierno y recuerdan que la ley orgánica del propio tribunal ya contempla sanciones para quienes incumplan las órdenes del tribunal e incluso señala las multas, hasta 3.000 euros a “cualquier persona, investida o no de poder público que incumpla los requerimientos del tribunal". Por tanto, ya hay sanciones y en principio, lo que aumentaría seria la cuantía de la multa.

Pero además, la ley que ordena al Constitucional también deja abierta la puerta, ahora mismo, a que se pueda incurrir en cualquier otra responsabilidad si no se acatan sus resoluciones. No dice cuáles son esas responsabilidades, pero, según fuentes del Tribunal de Garantías, es evidente que se pueden presentar denuncias por desobediencia por cualquier ciudadano o gobierno.

A todo esto añaden que los políticos tratan de resolver los problemas que surgen en la política en el campo de los tribunales, sin entender que deben ser cosas separadas, porque además ya hay instrumentos para hacerlo.