La Audiencia Nacional investigará la red de sobornos del 'caso Madeja'

Madrid

El titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional investigará la macrocausa instruida por la juez Mercedes Alaya, en la que determinó la supuesta existencia de una red de corrupción que percibía mordidas a cambio de contratos públicos, cuya red se extendía a una docena de provincias en las comunidades de Madrid, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias y Extremadura.

La trama, según la investigación, tenía su epicentro en la empresa de servicios medioambientales Fitonovo SL, cuya dirección "creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".

"Pervirtieron la contratación en detrimento de las arcas públicas"

Agrega que "al mismo tiempo crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".

Todos los delitos relacionados con la corrupción

Los hechos que se investigan, de acuerdo con el testimonio remitido y el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, serían constitutivos de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos".

El juez concluye que en este caso concurre grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional, así como un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, además de una "compleja instrucción" derivada del elevado número personas físicas y jurídicas involucradas, lo que determina, de acuerdo con la Fiscalía, la competencia de los juzgados centrales de instrucción.