El debate sobre la nacionalidad española y las pensiones tensa la campaña

Barcelona

El debate sobre si los catalanes podrían mantener la nacionalidad española en una eventual Cataluña independiente y si tendrían garantizadas las pensiones ha tensado un día más la campaña de las catalanas del 27 de septiembre, con declaraciones cruzadas entre la Generalitat y el Gobierno central.

Uno de los argumentos utilizados por el PP para alertar de los riesgos de la independencia es que los catalanes verían peligrar sus pensiones en caso de que Cataluña se separara de España y saliese de la Unión Europea, como ha sugerido hoy el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que en Cataluña se pagan pensiones "cada vez más y más altas gracias a la solidaridad de todos los españoles", mientras que el secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha calificado de "devastadores" los efectos de la independencia para los pensionistas catalanes.

Desde Barcelona, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que las listas que defienden una declaración de independencia pueden generar una "declaración de insolvencia".

Tras la reunión de hoy del Govern, ha comparecido el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell (CDC), que ha replicado que las pensiones estarían "absolutamente" garantizadas. Ha atribuido los "nervios" de Burgos a sus "dudas sobre si podrá pagar" las pensiones a los españoles si Cataluña se va: "Tranquilo, lo ayudaremos, no habrá problema. Nuestras bases fiscales son más sólidas que las bases españolas. No los dejaremos colgados", ha replicado Mas-Colell. Además, éste ha apostado por abrir una negociación para que el Estado y Cataluña se repartan la "parte de la deuda que les corresponda", porque, "si no se negocia, quien debe pagar es España".

Por su parte, la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ha cargado contra Rajoy por haber hecho "todo un papelón" al intentar rebatir, según Munté, que la legislación vigente impediría que los catalanes con nacionalidad española tuviesen que renunciar a ella, en contra de su voluntad, si Cataluña se independizara. "Sabíamos de su desconocimiento de la realidad catalana, pero ahora vemos que desconoce el contenido de la Constitución española", ha comentado Munté, que ha denunciado una "campaña orquestada por el Gobierno central para infundir temor en las personas".

Rajoy, por su parte, ha insistido en que ni los escaños ni los votos "sirven para legitimar una operación ilegal" como la secesión y ha considerado "sensato y razonable" construir una alternativa frente al soberanismo tras el 27S. También el candidato de Unió a la Generalitat, Ramon Espadaler, ha sugerido un Govern que sume a los partidos que deseen reformar la relación entre Cataluña y España: ha apelado al PSC y ha confiado en que parte de Ciudadanos, Catalunya Sí que Es Pot e incluso Junts pel Sí puedan participar en este proyecto.

Sobre alianzas, el candidato del PSC, Miquel Iceta, ha avanzado que sólo pactará una mayoría alternativa al independentismo con partidos que estén dispuestos a impulsar una reforma constitucional y ha asegurado que, si el PSOE llega a la Moncloa y no abre una perspectiva de reforma en clave federal, él se "irá". El cabeza de lista del PP, Xavier Garcia Albiol, ha insistido en que habrá que colaborar con Ciudadanos y el PSC en defensa de España tras las elecciones del 27S y ha acusado a la Generalitat de alentar "el odio a España" desde las escuelas.

A su vez, el número uno de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha negado "adoctrinamiento" nacionalista en las escuelas y, frente a quienes advierten de una fuga de empresarios si vence el soberanismo, ha remarcado que, si existen empresas "incómodas" con la secesión, ya habrá otras firmas que sabrán aprovechar el potencial de Cataluña.

El candidato de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha lamentado que Rajoy no haga "una propuesta positiva" para Cataluña y se dedique a usar el "anticatalanismo y el autoritarismo". Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha propuesto reformar el Senado para que sea una cámara de representación territorial y ha abierto la puerta, como el PSOE, a trasladarlo a Barcelona. Por su parte, la CUP ha pedido que se "paralice inmediatamente el plan director urbanístico" de Barcelona World, que se prevé construir en Salou y Vila-seca (Tarragona).