Las denuncias por okupar inmuebles crecen un 62% en dos años

Madrid

La okupación de inmuebles casi se ha duplicado en los dos últimos años. Las denuncias de propietarios han crecido un 62% de 2012 a 2014. Así lo revelan los hechos conocidos por la Guardia Civil, Policía Nacional y policías autonómicas y locales, que aumentan desde los 6.233 en 2012, hasta los 7.739 en 2013 y los 10.084 en 2014, cifras a las que ha tenido acceso la Cadena SER.

El fuerte incremento de la okupación de inmuebles, especialmente de viviendas ajenas, "es un síntoma más de la situación económica y de la falta de protección del derecho a la vivienda en nuestro país, en comparación con otros países de Europa en los que el Estado garantiza la vivienda y hay medidas de protección social", valora Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Bosch recuerda que "ni siquiera disponemos de un parque público de viviendas adecuado y nos encontramos con la paradoja tan importante de que cada día se acuerdan decenas de miles de desahucios y al mismo tiempo hay millones de viviendas vacías en nuestro país en gran parte propiedad de las entidades bancarias".

Por ello, opina que con unas políticas sociales de vivienda, la okupación no se criminalizaría, no se resolverían los casos a través del derecho penal, como ocurre en la actualidad. "Lo que hacemos cuando nos llegan las denuncias es aclarar si existe algún tipo de derecho que justifique la permanencia de quienes están okupando la vivienda", cuenta Bosch. En ese caso, se archiva el procedimiento penal y se deriva el problema a la vía civil.

Sólo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha "realojado" a 2.500 personas en los últimos tres años. Lo hacen a través de la okupación de viviendas vacías propiedad de la banca o la Sareb. Uno de sus portavoces, Carlos Macías, explica que esto sucede "porque el estado español es el más anómalo dentro de la Unión Europea. Es el que posee más viviendas vacías (tres millones y medio), y es el que más desahucia (más de 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas, según el Poder Judicial) y a la vez es el que tiene el parque público de viviendas más pequeño (no llega al 1%)".

Ante este escenario "de violación de derechos, las familias se ven en la calle abandonadas por parte de la Administración y no les queda otra opción que autotutelar su derecho", lo que se traduce en "la okupación de vivienda", resume Macías. "Hace tiempo que estamos alertando de que hace falta tener un debate sobre cómo solucionar la situación de las familias que okupan en precario para que no estén sometidas permanentemente a un desahucio y tengan que volver a okupar", lamenta.