El Congreso deja los lobbies sin regular pese a comprometerse a ello varias veces
Los partidos se emplazan para la próxima legislatura y el sector reclama una ley que dé transparencia
Madrid
Existen pocos compromisos que el Congreso haya adoptado en esta legislatura por amplia mayoría, pero una de las cosas que ha puesto de acuerdo a todo el mundo es la necesidad de regular los lobbies en España. La cámara se comprometió por escrito, tras los debates del Estado de la Nación de 2013 y 2014, a avanzar en esa regulación y, sin embargo, la legislatura acaba con ese compromiso en el aire. PP y PSOE, que se acusan mutuamente de haber bloqueado la ley, se comprometen a impulsarla en la próxima legislatura, igual que Ciudadanos y Podemos. El sector del lobby pide que se regule ya su actividad.
España tiene desde esta legislatura una ley de la transparencia. Ha costado casi 40 años que la tuviera, que los ciudadanos pudieran conocer los contratos o los sueldos de la administración, aunque quedan lagunas todavía. A diferencia de lo que ocurre en el Parlamento Europeo, aquí no existe un registro de lobbies. Los ciudadanos desconocen con qué grupos de interés se reúne un político mientras se está tramitando una ley y qué papeles se cruzan.
Los lobbies ya pidieron en el Congreso una norma que aclare sus funciones pero el desacuerdo entre PP y PSOE les dejó fuera de la ley de transparencia. Lo intentaron luego en la ponencia para cambiar el reglamento de la Cámara pero esa ponencia, como ha ocurrido siempre, acabó sin llegar a ningún sitio. Los grupos mayoritarios se echan las culpas mutuamente y el Gobierno dice que la cuestión depende del poder legislativo, no del Ejecutivo. El PP promete llevarlo a su programa electoral. El PSOE lo deja también para la próxima legislatura. Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en regularlo. Y vuelve a darse el escenario de siempre: están todos de acuerdo pero van ya cuatro décadas de democracia y aún no existe una ley que dé transparencia a la actividad de los grupos de interés.
Según datos del propio sector, en sólo cinco años se ha duplicado el número de agencias que se dedican al cabildeo en nuestro país. Empresas que asesoran a otras empresas en sus negociaciones con el poder político. “Un lobby en Europa no actúa igual que en Estados Unidos”, cuentan en el sector: “Aquí las leyes se tienen que hacer por consenso, los políticos tienen que negociar con los colectivos y empresas afectadas. Se trata de asesorarlas en esa negociación”.
Abogan por un código deontológico y por un registro público de lobbies, que sea público, que se conozcan las reuniones que tienen y con quién las tienen. Admiten que existe una “carencia democrática” porque no se haga en España como ya hace el Parlamento europeo. O como acaba de hacer Cataluña, que ha regulado los grupos de interés.