El Poder Judicial exige respeto al tribunal catalán que investiga a Mas

Madrid

Cierre de filas en defensa del tribunal catalán que ha motivado que el pleno del CGPJ emita una declaración institucional, con lo que tiene de simbólico como poder del Estado, en la que apoyan el comunicado de la sala de gobierno del TSJC y exigen a los líderes catalanes que sean responsables porque "son ellos los que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad".

El comunicado recoge todo el texto que ha emitido el TSJC pero además añaden que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".

La declaración institucional ha sido propuesta por el presidente, Carlos Lesmes. Antes de concluir el pleno ha pedido un acuerdo pero finalmente se ha reducido a una declaración institucional al no tratarse de un asunto incluido en el orden del día del pleno, según vocales consultados por la Cadena SER. Estas mismas fuentes apuntan a que los vocales Enrique Lucas, Concha Sáez y Roser Bach, elegidos a propuesta de PNV, IU y PSOE, respectivamente no la han firmado, después de haber pedido sin éxito tiempo para abrir un debate que reuniera las opiniones de todos los vocales para defender la independencia judicial. Bach es la mujer del conseller de Justicia de la Generalitat, Germa Gordó, que ha acudido a arropar a Joana Ortega e Irene Rigau en su declaración como imputadas por la consulta del 9N.

Declaración Institucional

A la vista de lo acontecido con ocasión de la comparecencia de miembros y exmiembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma, el Presidente y los Vocales del CGPJ abajo firmantes quieren mostrar su apoyo a los jueces catalanes y hacen suyo el siguiente comunicado hecho público hoy por la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña:

“Las cuestiones que conciernen al funcionamiento del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, revelan siempre un interés general y, en consecuencia, todas las decisiones jurisdiccionales que se adopten están sometidas al control y a la crítica pública. Ahora bien, lo anterior no debe hacer olvidar su función en la sociedad. Como garante de la Justicia, valor fundacional del Estado Constitucional, su acción necesita de la confianza de la sociedad, fuente, además, de su legitimidad.

La Sala de Gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los Jueces y además pretender influir en su toma de decisiones. Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional. Debe recordarse que la independencia judicial no es un privilegio de los Jueces, sino una garantía de los ciudadanos. Su cuestionamiento resulta aún más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno. En este sentido, la Sala quiere recordar el deber de no injerencia que vincula especialmente a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político.

Insistimos. Cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política. Solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Y en esa medida reclamamos responsabilidad a aquellos que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad”.

El Presidente y los Vocales firmantes apoyan esta declaración y manifiestan su firme voluntad ante tan intolerable actuación de prestar todo su amparo a los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entendiendo que los graves hechos denunciados afectan a los más esenciales principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de los distintos poderes del mismo.

Esta declaración ha sido firmada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por los vocales del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Mozo y Wenceslao Olea.

Las vocales Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda no han asistido al Pleno”.