Rebelión de los fiscales contra la norma que recorta el tiempo de investigación

Madrid

La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales están recogiendo firmas para evitar que la ley que entre en vigor y quieren apoyar el informe emitido por sus consejeros, para se mantenga en el próximo Consejo Fiscal del día 20 de octubre.

Los fiscales anuncian "que se va a solicitar en el mismo, la suspensión de la entrada en vigor del referido artículo en tanto no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos, que posibiliten el cumplimiento de la norma".

La Ley 41/201 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, introduce plazos concretos para la finalización de la instrucción lo que , según los fiscales, provoca consecuencias procesales que pueden "dar al traste con las investigaciones más complejas o incluso con los caso más sencillos que quedarán impunes".

Estos plazos son de seis y dieciocho meses, “según se trate de un asunto sencillo o complejo”, pero los fiscales aseguran que les colocan " en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta, puesto que, además, la obtención de datos que pueda realizar el Fiscal depende exclusivamente de la información que quiera facilitarle el Juzgado, sin que pueda asegurarse la bondad de los mismos"

Por tanto, concluyen los fiscales "hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español tal medida de limitación temporal sujeta a control carece de sentido, de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresión".

Carta al ministro Catalá

"Con esta carta queremos trasmitir la profunda inquietud que nos provoca la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, -en vigor el próximo 6 de diciembre- en la que se impone al Ministerio Fiscal la responsabilidad del cumplimiento de los plazos que la propia ley establece para la instrucción de las causas penales, incluidas aquéllas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la propia norma.

Si bien como fiscales no podemos negarnos a cumplir norma alguna en cuanto garantes de la legalidad fruto del mandato constitucional, entendemos que la reciente reforma procesal -duramente criticada por el Consejo Fiscal durante su tramitación como anteproyecto de ley- tendrá inevitablemente efectos indeseados en la administración de la justicia. Así las cosas, consideramos que la orden contenida en el reciente oficio enviado por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado resulta de imposible cumplimiento con los medios personales y los recursos materiales con que contamos en la actualidad. Por ello, solicitamos al Consejo Fiscal, con el apoyo y aval de nuestra Fiscal General, que de manera explícita se traslade al Ministro de Justicia la solicitud de la carrera fiscal de que la citada norma (nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) no entre en vigor en el plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado -previsto en la Disposición final cuarta de la Ley 41/2015, de 5 de octubre-.

Nuestra petición consiste, en definitiva, en la suspensión de la entrada en vigor de la norma precitada durante el plazo que resulte indispensable para la necesaria dotación al Ministerio Fiscal de medios materiales y personales que hagan viable su debida ejecución, pudiendo cumplir así el mandato recibido del legislador".