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LEY DE ENJUCIAMIENTO CRIMINAL

El Gobierno mantiene íntegramente la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal pese a las quejas de los fiscales

Los miembros del Consejo Fiscal han tenido ocasión de explicarle en persona al ministro por qué ven mal la norma que reduce los tiempos de investigación de los casos pero Rafael Catalá se ha mantenido firme: no rectifica y asume las críticas

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá / OLIVIER HOSLET (EFE)

Madrid

La ley fue criticada con dureza por los fiscales y por el Consejo General del Poder Judicial pero finalmente no se incorporará ninguna de sus sugerencias. Los fiscales consideran que la norma vive en la inopia porque desconoce las relaciones entre jueces y fiscales y habla de comunicaciones telemáticas y otras innovaciones que no existen hoy día ni hay medios para esperarlas de forma inmediata. Para evitar ese exceso de carga de trabajo que advierten los fiscales y jueces, Rafael Catalá ha anunciado que va a reforzar la plantilla de fiscales, pero no ha explicado de dónde saldrá el dinero porque ya no puede aumentar el gasto público.

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Todos los colectivos pedían un aplazamiento o evitar la retroactividad que puede obligar a revisar 370.000 causas. El ministro ha aclarado que, tal y como establece la ley, "el mero trascurso de los plazos en ningún caso generará el archivo de las causas" y dejaba la puerta abierta a una posible paralización de la norma más adelante: "El momento para la toma la decisión estaría más cerca de la entrada en vigor de la norma, en junio del año que viene". Para entonces el Gobierno será diferente, independientemente del signo elegido en las urnas el 20 de diciembre.

Rafael Catalá: 'Ninguna causa se archivará como consecuencia del transcurso de los plazos'

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La mitad de la carrera fiscal, 1.200 personas, ha estampado su firma en un comunicado de rechazo frente a una norma, dicen, que va contra el sentido común, porque primero entra en vigor y luego se podrán los medios.

Madrigal ordena acatar la norma y remangarse para el trabajo que viene

La fiscal general, Consuelo Madrigal, ha cerrado filas en torno a la iniciativa del gobierno mientras los miembros de las asociaciones fiscales, explicaban durante una hora, al ministro los inconvenientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en especial en lo referido a los plazos de la instrucción fiscal.

El ministro, Rafael Catalá, ha ido a la sede de la fiscalía general pero no ha convencido a los representantes de los fiscales, aunque sí ha escuchado como la responsable de la institución, Consuelo Madrigal, ha lanzado un mensaje muy claro al resto de la Carrera, mientras intervenía en este encuentro, para decirles que hay que “acatar la norma, obedecer y remangarse” para el trabajo ingente que se les viene encima. Consuelo Madrigal, asentía, cuando el ministro ha asegurado que esta ley no significará que haya espacios de impunidad o se vayan a archivar los casos abiertos.

Los representantes de las asociaciones en el Consejo fiscal siguen sobresaltadas por texto y por la imposibilidad de revisar centenares de miles de causas abiertas para estudiar si hay que archivarlas o pueden seguir abiertas con los nuevos plazos que marca la ley de 6 meses para los casos de menor complejidad.


 
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