Los fiscales ven imposible aplicar la norma con los medios actuales

Madrid

Los miembros del consejo fiscal, compuestos por vocales de la Asociación de Fiscales y de la Unión Progresista de Fiscales, reconocen que "en el estado actual de la legislatura, con las Cortes Generales a punto de su disolución, si es que procede su modificación, no hay oportunidad realista de redactar el art. 324 LECrim de una manera ponderada suficientemente".

Para ello, reclaman una nueva "disposición transitoria" que dilate su entrada en vigor hasta que existan condiciones personales y materiales suficientes y dignas.

Según el comunicado conjunto, el ministro de Justicia ha informado su voluntad de no prorrogar la entrada en vigor de la norma y no alterar su contenido, ofreciendo como alternativa la propuesta de dirigir a los Letrados de la Administración de Justicia una instrucción sobre su actuación y la coordinación con la Fiscalía sobre el traslado de las causas en trámite en los Juzgados; la implantación de mejoras tecnológicas y de aplicaciones informáticas cuyo plazo de entrada en funcionamiento se anuncia una vez ya entrada en vigor la norma; y la posibilidad de reforzar la plantilla en aquellas fiscalías con mayor carga de trabajo a través de fiscales sustitutos dentro de las limitaciones presupuestarias.

Los fiscales consideran, por el contrario, que las medidas propuestas "no alcanzan a colmar la demanda de los fiscales y que sólo la prórroga de la entrada en vigor podría resultar satisfactoria" y lamentan que "una propuesta razonada, ponderada y basada exclusivamente en criterios técnicos no haya sido tomada en consideración por el Sr. ministro de Justicia".

Soberbia jurídica

La UPF acusa al ministro de Justicia de mantener una “soberbia jurídica” con la ley de plazos. En un comunicado, la asociación progresista pone de manifiesto “su profunda decepción por el resultado de la reunión con Rafael Catalá, en la que una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. A la fiscal General le reprochan abandonar a la Carrera judicial en un momento en el que podría demostrar si su independencia es real.

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Los fiscales reivindican que “ nada menos que 1.194 fiscales españoles y la unanimidad de las asociaciones de fiscales están comprometiendo su voluntad para evitar la entrada en vigor de la norma, es un hecho que le resulta irrelevante al Ministerio, quien, pleno de soberbia jurídica, trata de darnos explicaciones sobre cómo aplicar la ley y promete, como parches de última hora, medios materiales insuficientes e ineficaces antes de la entrada en vigor de la norma y cuyo cumplimiento y efectividad el Ministro no está en condiciones de asegurar ante el fin de su mandato”.

Consuelo Madrigal, contra los fiscales

El comunicado explica además que la asociación progresista lamenta que la Fiscal General del Estado no les haya apoyado en su iniciativa y “que le dé la espalda a la Carrera Fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del ejecutivo.

La justicia necesita buenos instrumentos, añade el comunicado, “para luchar contra la delincuencia compleja, necesita medios materiales, jueces, fiscales, peritos, investigadores, y necesita -también- que las leyes sean fiables, aplicables y técnicamente sostenibles. La asociación vuelve a pedir que antes del 5 de diciembre de 2015, el Gobierno aplace la entrada en vigor de la norma.