Interior admite que se necesita más "personal y presupuesto" para desarrollar el reglamento los CIE

Madrid

“El Reglamento que regula los CIE está en plena fase de desarrollo, y para ello se necesita más personal y presupuesto pero ya estamos trabajando para que se vayan cubriendo estas necesidades”, aseguran a la SER fuentes de la Dirección General de la Policía.

La respuesta de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior al Gabinete Técnico de la Policía, con respecto a la situación del CIE de Las Palmas, discutidas por la jueza de vigilancia de este centro, Victoria Rosell, ha desatado un enorme debate sobre la legalidad y las condiciones que se dan en estos centros de privación de libertad para extranjeros en situación irregular. Unos centros que a día de hoy están ocupados al 33 por ciento según los datos de Interior, ”la capacidad de los 8 CIE que existen en el territorio nacional es 2410 plazas, y ahora mismo hay 797 internos. En Canarias la ocupación hoy es de sólo el 15,60 por ciento” afirman desde la Dirección General de la Policía.

En dicho informe, del 23 de septiembre, uno de los entonces responsables del área de extranjería del Ministerio reconoce que no se cumple con el reglamento que regula el funcionamiento de los CIE desde que fue aprobado en marzo del año pasado por "las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige". El informe firmado por Miguel Ángel Nogal Gómez, llega a asegurar que el "auto judicial remitido podría conllevar una decisión de cierre del CIE de Barranco Seco y, dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de centros, cabría resoluciones similares" se dice literalmente en el documento de dos páginas.

Es más, la historia del reglamento que regule el funcionamiento de los CIE viene de muy lejos, en concreto de hace 6 años cuando se aprobó la reforma de la ley de Extranjería 2/2009 que obligaba a crear el reglamento. Al anunciar aquella reforma el Gobierno, entonces del PSOE,  se comprometía a que en un plazo de 6 meses se aprobaría el reglamento para regular el funcionamiento de los CIE, sin embargo esto no se hizo hasta marzo del año pasado ya con el PP en el Gobierno.

“No vamos a cerrar los CIE”

Sin embargo desde la Dirección General de la Policía afirman de manera tajante que “nunca se ha abordado su cierre porque son necesarios” y restan transcendencia a lo que se dice en ese documento firmado por Nogal Gómez, ”no es un informe definitivo, es la opinión de uno de los miembros del área de extranjería en aquel momento que ya ha cambiado además de departamento pero no es la opinión de la Dirección General de la Policía o del Ministerio“ insisten estas fuentes que añaden que no se ha pedido “ningún dictamen a la Abogacía del Estado, no lo ha hecho la Dirección General de la Policía” a pesar de lo que se lee en el documento que firma Nogal Gómez.

“Hay muchas materias en las que se ha avanzado, como la asistencia jurídica que se ha firmado con los Colegios de Abogados en Madrid, Barcelona y Valencia. En cuanto a la asistencia social tenemos convenios con Cruz Roja y en algunos CIE ya se están haciendo reformas y para ello se necesitan inversiones” explican desde la dirección de la policía.

Sobre la discutida asistencia médica que se da en los CIE, motivo de muchos autos judiciales en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Las Palmas, estas fuentes afirman que ya está en marcha aplicar el reglamento en lo que a la atención sanitaria, ”se ha convocado ya concurso para cubrir las plazas de médicos y personal sanitario, la asistencia se hará con personal facultativo de la administración del Estado, hasta ahora se hace con empresas privadas” matizan.

El sindicato mayoritario de la Policía reclama un protocolo

Los que trabajan dentro de los CIE en la custodia de los internos llevan años exigiendo un protocolo de actuación al Ministerio del Interior. El Sindicato Unificado de la Policía considera que se debe cumplir no sólo la ley española sino las directivas europeas. Javier Estévez, portavoz del SUP insiste en que “es necesario un protocolo para trabajar claramente dentro de los CIE. Hay que tener en cuenta que lo que hacemos allí es dar custodia a gente que está internada por una orden judicial, es decir, realmente de quién dependen directamente es de los jueces y nosotros lo que estamos es dando custodia. Lo que realmente se debería hacer es abrir el debate sobre si debe ser la policía la que dé seguridad en los CIE” exige.

Según el SUP lo que necesitan son órdenes claras de lo que se debe hacer “los derechos humanos son inherentes a todos, sin distinción de nacionalidad, así que se tienen que cumplir todas las directivas europeas y la ley española, que es lo que han dicho muchas veces los jueces y a su vez que se den directrices claras de la función de la policía dentro de estos centros” añade Estévez.

El SUP admite que la falta de médicos durante 24 horas obliga a los policías a estar pendientes de cuestiones que no les corresponden.

La abogacía española se suma a la petición de cierre de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros

El Consejo General de la Abogacía Española recuerda que el internamiento es la última opción en la ley de extranjería y que se está abusando de la privación de libertad de los extranjeros en situación irregular. Pascual Aguelo de la comisión de extranjería del Consejo afirma que el Gobierno debería cerrar los CIE.

“Los CIE están obligados a cumplir las condiciones mínimas que exige la directiva de retorno y sobre todo garantizar un trato digno y humano de las personas que tengan que estar temporalmente en estos centros pendientes de ser repatriadas. Por lo tanto, si estas condiciones no se pueden garantizar, los centros deben ser clausurados, un centro que no cumple estas condiciones no debe seguir existiendo” sostiene este veterano jurista que lleva años discutiendo este modelo de privación de libertad de los ciudadanos extranjeros en situación irregular .

Y es que el auto de la magistrada Rosell y sobre todo la respuesta del técnico del área de Extranjería del Ministerio del Interior ha levantado una enorme polvareda y ha servido para recordar que ya en el pasado se han llegado a cerrar centros de internamiento de extranjeros como fue el caso del polémico “Capuchinos” de Málaga que fue clausurado en 2012.

“ Si el Ministerio ya está reconociendo que el centro de Canarias no reúne las condiciones mínimas pues debe abordarlas y si no en definitiva proceder a su clausura como ya tuvo que hacer con el centro de Capuchinos en Málaga, e incluso están pendientes las decisiones sobre el CIE de Algeciras y sus anexos que tampoco cumplirían estas condiciones mínimas que marca la legislación europea y la normativa internacional” explica Aguelo.

El Defensor del Pueblo lleva años incluyendo en sus informes anuales las vulneraciones de derechos dentro de los CIE. En el último, el de 2014 decía literalmente Soledad Becerril que "no se han puesto en marcha mucha de las medidas previstas en el reglamento que los regula", como ha reconocido ahora el Gobierno.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente también del Defensor del Pueblo, hace hasta 38 recomendaciones sobre las condiciones que se incumplen en los CIE en su último informe.

Una Campaña Estatal lleva años pidiendo el cierre

“Tras el reconocimiento de Interior sobre el incumplimiento de la legalidad vigente respecto a los centros de internemianto de extranjeros, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE exige su inmediato cierre y saluda el auto judicial que ha desencadenado el reconocimiento del Ministerio de Interior” afirman en un comunicado esta activa plataforma de ONG y asociaciones de apoyo y asesoramiento a los ciudadanos privados de libertad en los CIE.

"Las necesidades económicas, presupuestarias o de personal nunca pueden ser excusa para someter a las personas a la vulneración de sus derechos fundamentales. Por tanto, el camino es único: el cierre de todos los centros de detención existentes en el territorio del Estado", piden los miembros de la plataforma.

En gran medida, si los CIE están en el punto de mira como lugares donde se vulneran los derechos humanos es gracias a la labor de organizaciones como esta Plataforma Estatal y a la de los voluntarios que entran cada día en ellos. Desde hace años ONG como Pueblos Unidos o CEAR reflejan en sus informes los incumplimientos legales que se dan en estos centros, denunciando muertes como la de Samba Martine en el CIE de Madrid en diciembre de 2011, la del guineano Idrisa Diallo en enero de 2013 , o la de hace ya más de 15 años de un subsahariano en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, un CIE que fue clausurado también por sus penosas condiciones donde se llegaron a hacinar más de 1000 personas, durmiendo sobre las cintas transportadoras de equipajes. Unas condiciones que fueron denunciadas entonces a nivel internacional por Human Right Watch o por el propio Defensor del Pueblo. Más de 15 años después el Gobierno reconoce que se sigue sin aplicar un reglamento que regule las condiciones de los polémicos CIE.