Tribunales
CASO GÜRTEL

Hacienda acredita las otras cajas B del PP

Un informe de la Agencia Tributaria revela que tres federaciones regionales del Partido Popular asumieron más de 80.000 euros de gastos en negro del congreso del PP valenciano de Francisco Camps de noviembre de 2004

Álvaro Pérez 'El Bigotes', exresponsable de la empresa de la trama Gürtel Orange Market, durante su declaración ante el juez el pasado mes de julio / Manuel Bruque EFE

Madrid

Un informe definitivo de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria dirigido al juez José de la Mata, que instruye el caso Gürtel, destapa un hecho desconocido hasta ahora que profundiza en la "simbiótica" relación del Partido Popular con la organización criminal dirigida por Francisco Correa y cierra el círculo sobre las prácticas corruptas de la red y las distintas federaciones territoriales del PP, según los investigadores.

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La ONIF detalla que el Partido Popular de Cataluña, Madrid y Castilla y León, asumió un total de 80.453,08 euros de gastos en b que correspondían al XVII congreso del PP de la Comunidad Valenciana, que escogió a Francisco Camps como presidente de esa formación política en Valencia los días 20 y 21 de noviembre de 2004.

El informe que acaba de recibir el juez, analiza al detalle las cuentas de Orange Market, la sociedad valenciana de la trama dirigida por Álvaro Pérez El Bigotes, para concluir la pieza de la financiación ilegal del PP en Valencia.

El documento concluye que la federación valenciana del PP solo abonó con factura un total de 47.492,40 euros de los 258.000 que costó aquel congreso organizado por la Gürtel. El resto fue pagado con dinero negro y parte del importe, los referidos 80.453,08 euros, fue soportado por tres de las organizaciones territoriales con más militantes de España, según el informe elaborado por el cuerpo de inspectores que depende del ministro Montoro.

La revelación de la ONIF viene a confirmar una denuncia reiterada en distintos tribunales por el extesorero Luis Bárcenas, quien ha declarado que la caja b manejada por él mismo y Álvaro Lapuerta en la sede nacional de la madrileña calle Génova 13 era un modelo que se extendió a las distintas organizaciones regionales del Partido Popular. También ahondan en otra sospecha de los investigadores apuntada por la UDEF de la Policía Nacional: el PP y la Gürtel actuaban de forma "simbiótica" y no de manera aislada en alguna federación regional de la formación conservadora. La trama corrupta extendió su metástasis a gran parte del partido en toda España.

Las sedes negras del PP

Este informe de la ONIF se une a otros elaborados por el mismo departamento de élite de la Agencia Tributaria, de la UDEF de la Policía Nacional y de la Intervención General del Estado, que son coincidentes a la hora de apuntalar las prácticas de financiación irregular en negro del Partido Popular.

El último ejemplo ha sido el nuevo informe de la IGAE avanzado también este viernes por la Cadena SER, que revela que el Partido Popular de Boadilla cargó a la pública Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda gastos del partido como la compra de megáfonos utilizados en una manifestación contra el Gobierno de Zapatero para protestar por la excarcelación del etarra De Juana Chaos en 2007, o la inauguración y adaptación de la sede del PP de Boadilla en 2006, por un importe total de 23.344,46 euros.

No es la primera vez que aparecen gastos de las sedes del PP, cuando no su construcción entera, financiados con dinero negro, en los distintos procedimientos abiertos ante la justicia.

Además de la sede de Boadilla, el juez Castro acaba de acreditar en Palma que la del PP en Baleares se financió de la misma forma, y en la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata tiene claros indicios de pagos en B para la construcción de las oficinas de la formación conservadora en La Rioja, Vizcaya, Pamplona e incluso la sede que ocupa la dirección nacional: El número 13 de la madrileña calle Génova, que según la Agencia Tributaria se abonó con 1.4 millones de euros en negro entre 2005 y 2010. Con Mariano Rajoy como presidente y María Dolores de Cospedal como secretaria general.

 
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