Las otras mordidas de Convergència que investigan los tribunales

Madrid

El juez Josep María Pijuan Canadell, instructor del caso Palau, considera acreditado que la empresa Ferrovial-Agroman pagó comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública de la Generalitat durante los gobiernos nacionalistas a Convèrgencia Democràtica de Catalunya. Como consecuencia de la instrucción judicial del caso Palau, Convergència tiene 15 sedes embargadas por orden judicial y a un extesorero procesado pendiente de juicio.

Las mordidas supuestamente acreditadas, según el juez, suponían el 4% del monto de la obra adjudicada. La investigación concluyó que un 2,5% de la comisión ilegal iba para Convergència y el 1,5% restante para los directivos del Palau que hacían de intermediarios en esta lucrativa actividad de financiación ilegal de un partido político.

Ferrovial pagó mordidas de hasta el 4%, según el juez, por la adjudicación de las obras de un tramo de la línea 9 del metro de Barcelona (con un coste de 178 millones de euros); la construcción de la Ciudad de la Justicia (52 millones), un pabellón en Sant Cugat del Vallès (cuatro millones), y una acequia en el margen izquierdo del río Ebro (2,6 millones). En el caso Palau están imputados un extesorero de Convergència, directivos de Ferrovial y los exresponsables del Palau.