Ciudadanos prevé expropiar viviendas a los bancos para que las usen desahuciados en situación de pobreza

Madrid

Ciudadanos quiere que el derecho a la vivienda, que la Constitución de 1978 recoge en su artículo 47, tenga un articulado legal que, en la práctica, permita su ejercicio. Lo que proponen los de Albert Rivera son una serie de medidas con las que amparar al deudor en caso de desahucio. En España, según datos del Consejo General del Poder Judicial, unas 100.000 familias han perdido su vivienda habitual en los últimos dos años.

Lo que propone Ciudadanos para intentar no dejar en la cuneta a personas expulsadas de sus domicilios, y que se encuentran en una situación de pobreza, es que la Administración tenga autoridad para imponer a los bancos el uso y disfrute de esa vivienda habitual. Según reza en el documento de reforma de la Constitución y las instituciones, “las personas en especial circunstancia de emergencia social podrán ser beneficiarias de la expropiación forzosa a la entidad financiera”. Tras el lanzamiento hipotecario, podrán disfrutar de la casa o piso durante un plazo máximo de tres años. A cambio se establecerá un alquiler obligatorio o justiprecio. El deudor se encargará de abonar una parte de esa renta que el Estado pagará a la entidad acreedora.

Los expertos del comité que asesora a Ciudadanos han elaborado el documento de reforma constitucional inspirados por el modelo estadounidense. Proponen declarar “inembargable” una parte de la vivienda habitual. Una vez efectuado el alzamiento, la entidad acreedora entregaría a su deudor ese porcentaje del domicilio que es exclusivo del propietario. “Se trata de una especie de garantía con la que el ejecutado podrá satisfacer sus necesidades. Evitar que se quede en la calle”, asegura Andrés Betancor, uno de los sabios que asesora a la formación emergente.

El partido naranja opta por reducir también el “efecto perverso” que provoca que después de un desahucio “muchas familias sigan debiendo parte del préstamo al banco”. Esto se produce, dice una fuente conocedora de la propuesta, porque el proceso de ejecución favorece que el acreedor se adjudique la vivienda a un precio muy bajo que no es suficiente para cubrir el capital pendiente de pago. Para evitar estos abusos, el deudor podrá solicitar una nueva tasación del bien inmueble en el momento de la ejecución hipotecaria. En caso de que la subasta quede desierta, el acreedor deberá apropiarse de la vivienda por el valor de esta última medida. “Así se impide que quede deuda pendiente cuando la familia ha sido desalojada y se estimula que los prestamistas actúen de forma responsable en el momento de la concesión del préstamo, con arreglo a valores de tasación reales y no ficticios”, asegura Betancor.

En caso de que las entidades concedan préstamos irresponsables, que no respeten las reglas básicas de la prudencia, se impondrán sanciones por parte del Banco de España. El regulador podrá optar por hacerle perder los intereses o incluso el bien principal en determinados casos.