El Gobierno activa la maquinaria para frenar a Artur Mas

Madrid

El Gobierno ya ha puesto en marcha los mecanismos para dejar en papel mojado la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña. Mariano Rajoy ha anunciado que ha pedido el dictamen al Consejo de Estado para que esté sobre la mesa del Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar el próximo miércoles. La reunión del gabinete instará a la Abogacía del Estado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la hoja de ruta de Junts pel Si y la CUP.

Ya hay un precedente que, según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER, tendrán en cuenta tanto el Consejo de Estado como el tribunal de garantías: la declaración soberanista del año 2013. Entonces, el Consejo de Estado avaló el recurso del Gobierno al considerar inconstitucional el punto que declaraba a Cataluña "sujeto político y jurídico soberano". Después el Tribunal Constitucional dio la razón al Gobierno.

El dictamen del Consejo de Estado

 Siete miembros del Consejo de Estado firmaron el dictamen que consideraba que la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña del año 2013 no era una "formulación de iniciativa, proposición o mero trámite" y que, por lo tanto, cabía recurso ante el Tribunal Constitucional.

El informe señalaba que "la Constitución atribuye al pueblo español la titularidad de la soberanía nacional y que la manifestación del poder constituyente corresponde al Estado". El autogobierno de las comunidades autónomas, decían los consejeros, "no puede asimilarse al que es propio del Estado en el que se residencia la soberanía que supone la ostentación del nivel superior de poder de índole estatal que implica la inexistencia de otras instancias soberanas equivalentes al Estado".

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Así pues, concluía el dictamen, "se aprecia un apartamiento de las reglas y procedimientos constitucionales que constituye una vía de hecho que, en este caso, quiebra los artículos 1, 2 y 168 de la Constitución". Solo dos consejeros votaron en contra al entender que la declaración no producía efectos jurídicos.

La sentencia del Tribunal Constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad admitió a trámite y declaró inconstitucional el punto de la declaración que consideraba a Cataluña "sujeto político y jurídico soberano" pero consideró que encajaban en la Carta Magna el resto de apartados que recogían las aspiraciones al derecho a decidir siempre que se siguiera el procedimiento legalmente previsto.

Los magistrados subrayaron que esa declaración era un "acto perfecto o definitivo", es decir, se trataba de un "acto político pero con naturaleza jurídica". La sentencia recogía que "en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano y a ningún otro sujeto u órgano del estado, a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano" porque esto supondría "la simultánea negación de la soberanía nacional". El pleno entendió que asumir esta declaración "supone conferir el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento: la indisoluble unidad de la nación española".