IU propone cerrar el grifo a la Iglesia y suprimir los conciertos educativos

Madrid

"Después de 40 años, ya es hora de un Estado laico en España sin privilegios ni discriminaciones para ninguna confesión religiosa, ni un euro público para financiar a ninguna iglesia". De este modo ha defendido Alberto Garzón, las propuestas de Izquierda Unida-Unidad Popular en materia de laicismo, que el candidato ha presentado esta mañana en Madrid frente a la catedral de la Almudena.

Unas propuestas, a las que ha tenido acceso la Cadena SER, y que pasan por una Iglesia Católica que pague todos los impuestos y se autofinancie sin recibir ningún tipo de fondos públicos, una escuela pública sin religión en el currículo educativo ni financiación pública de los colegios concertados y actos oficiales que no incluyan ningún tipo de ceremonia religiosa, por ejemplo en funerales de estado por catástrofes o tomas de posesión.

Los compromisos electorales para el 20D  pasan por blindar en la Constitución el carácter laico del Estado, siguiendo el modelo de países vecinos como Francia, mediante la modificación de los artículos 16 y 27 de la Carta Magna.

 La redacción propuesta por Izquierda Unida-Unidad Popular elimina del texto constitucional cualquier privilegio a la Iglesia Católica en España. Además, proclama el carácter laico del sistema educativo, de modo que "la religión en sus formas confesionales, no formará parte del currículo y el ámbito escolar y no se subvencionarán, en ningún caso, centros educativos con ideario propio, ya sean de carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular. La prioridad del Estado es la Escuela Pública".

De este modo, según Garzón, "se evita el  adoctrinamiento religioso con financiación pública desde la escuela". La propuesta de IU incluye una desaparición progresiva de los conciertos educativos que permita el paso de las plantillas de profesores a la escuela pública, sin que eso merme los derechos de los docentes que ya hayan superado una oposición. 

Supresión de cualquier financiación pública a confesiones religiosas

La propuesta de Garzón, que recoge gran parte de los planteamientos de la Asociación Europa Laica, pasa por cumplir la exigencia de autofinanciación de la Iglesia Católica recogida en los propios Acuerdos con el Vaticano pero nunca llevada a la práctica. En ese sentido, y además de su reivindicación clásica de derogación del Concordato, IU-UP plantea la eliminación de la financiación actual de la Iglesia a través del IRPF, según el sistema implantado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este sistema permite a la Iglesia recaudar el 0,7% de los impuestos de aquellos contribuyentes que así lo decidan en su declaración de la renta.

La propuesta plantea también la reforma de la Ley de Mecenazgo y de otros textos legislativos, para acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia Católica asegurando así el pago sin exenciones de todos los impuestos vigentes, entre ellos, el IBI.

Además, se exige la presentación de una Memoria al Congreso de los Diputados sobre toda la actividad económica realizada por la Iglesia Católica en España desde 1979, ya sea mobiliaria o inmobiliaria, actividades empresariales, explotaciones mercantiles, patrimonio suntuario, etc.

Ninguna autoridad pública o funcionario podrá participar en a actos confesionales a título oficial

Para garantizar la neutralidad religiosa de las administraciones públicas, la propuesta de IU plantea que ninguna autoridad pública o funcionario participe en actos de carácter confesional en calidad de tal (obviamente sí podría hacerlo a título particular). Además, propone eliminar cualquier tipo de simbología religiosa en los actos oficiales, así como en lugares y edificios de titularidad pública y aquellos que tengan tal condición, aunque sean gestionados por actores privados o estén sometidos al derecho privado.

Igualmente se suprimirá la celebración de ceremonias religiosas en los actos oficiales que organice el Estado, desde cualquiera de sus ámbitos, como en tomas de posesiones, funerales por catástrofes, reconocimientos de méritos, rendición de honores, etc.

También se plantea eliminar las capillas de cualquier lugar público, como universidades, hospitales, cárceles, juzgados o cuarteles, y suprimir la emisión de culto o ritos religiosos a través de los medios públicos de comunicación.

En cuanto a los cementerios, la propuesta pasa por asegurar su carácter civil , de modo que ningún símbolo religioso pueda presidir estos espacios públicos, salvo los que las familias decidan exhibir en la sepultura de sus difuntos. Queda protegido el derecho de los familiares a celebrar las ceremonias que estimen oportunas para honrar y recordar a sus seres queridos.

Restitución de las propiedades registradas irregularmente por la Iglesia

En sus propuestas electorales IU recoge también otra reivindicación del colectivo Europa Laica, que el grupo parlamentario ha apoyado en el Congreso durante esta legislatura. Se trata de la exigencia al Estado de que declare como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia Católica desde 1946 y hasta junio de 2015, las conocidas como “inmatriculaciones”, una vez que la Ley Hipotecaria ha sido modificada y la Iglesia Católica ya no tiene consideración de corporación de derecho público.

Además, se plantea que el Estado busque fórmulas de desamortización paulatina y para uso público del patrimonio de la Iglesia Católica por el interés general o cuando los poderes públicos participen en su mantenimiento y restauración.

Izquierda Unida-Unidad Popular también plantea suprimir el delito de “ blasfemia” en el Código Penal, garantías jurídicas para ejercer el derecho de apostasía, y facilitar que los menores que así lo manifiesten puedan desvincularse de las organizaciones religiosas mediante actos de bautismo u otros rituales de pertenencia, si no están de acuerdo con la decisión de sus progenitores.